El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha presentado un paquete de medidas ambiciosas para abordar la creciente crisis de la vivienda en el país. Estas iniciativas buscan regular y contener la especulación inmobiliaria, así como facilitar el acceso a viviendas asequibles para los ciudadanos españoles y jóvenes que luchan por encontrar un hogar. Las estrategias incluyen nuevas exenciones fiscales y un aumento de impuestos para propiedades compradas por extranjeros no comunitarios. El objetivo es claro: hacer que la vivienda sea más accesible para todos.
Más viviendas en alquiler
Una de las propuestas más destacadas de Pedro Sánchez es la creación de incentivos para que los propietarios alquilen sus viviendas a precios más asequibles. Se está considerando una exención del 100% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos que alquilen sus propiedades según el Índice de Referencia de Precios. Además, los propietarios que decidan arrendar sus viviendas a jóvenes o entidades públicas en zonas de alta tensión tendrán la oportunidad de beneficiarse de este incentivo, que podría alcanzar hasta el 90% de exención con ciertas condiciones.
Empresa pública de vivienda
Con el fin de aumentar la oferta de viviendas disponibles, el Gobierno también planea crear una empresa pública de vivienda. Esta nueva entidad se encargará de gestionar y rehabilitar propiedades que han quedado vacías, además de adquirir más de 30.000 viviendas de Sareb, que es la entidad que gestiona activos problemáticos del sistema financiero español. La idea es revitalizar el mercado de alquiler, convirtiendo las viviendas en hogares para aquellos que más los necesitan, especialmente en áreas donde el acceso a la vivienda es crítico.
Medidas contra la especulación extranjera
Además de las iniciativas para promover el alquiler, Sánchez está tomando medidas enérgicas contra la especulación inmobiliaria que se ha intensificado en los últimos años. La nueva política incluye un aumento del impuesto de hasta el 100% para los extranjeros no comunitarios que compren propiedades en España. Solo en 2023, aproximadamente 27.000 viviendas fueron adquiridas por estos compradores, lo que indica una creciente preocupación por el impacto que esto tiene en la disponibilidad de viviendas para los ciudadanos españoles.
Alivio para inquilinos de Airbnb
Otra de las propuestas contempla un enfoque más riguroso hacia el alquiler turístico de corta duración, como los que se ofrecen a través de plataformas como Airbnb. El Gobierno planea que estas propiedades tributen como actividades económicas, lo que significa que los propietarios deberán cumplir con regulaciones más estrictas. Esto intentará garantizar que haya suficientes viviendas asequibles disponibles para la población local y reducir la presión en los mercados de alquiler de las áreas más afectadas.
Construcción de viviendas asequibles
El Gobierno no solo se está enfocando en el alquiler, sino que también se lanzará un nuevo Plan Estatal de Vivienda que comenzará en 2026, priorizando a grupos como los jóvenes, las personas mayores y aquellos con discapacidades. Este plan incluirá proyectos de construcción para aumentar la oferta de vivienda asequible, haciendo hincapié en la rehabilitación de propiedades existentes para convertirlas en hogares seguros y sostenibles. En conjunto con estas medidas, se propone un programa de ayudas para la rehabilitación de edificios vacíos destinados al alquiler asequible por un mínimo de cinco años.
| Medida | Descripción |
|---|---|
| Exención del IRPF | 100% para alquileres con índice de referencia |
| Aumento de impuestos para extranjeros | Hasta el 100% del impuesto para no comunitarios |
| Empresa pública de vivienda | Gestión de 30.000 viviendas y rehabilitación de propiedades vacías |
| Regulación de alquiler turístico | Tributación como actividad económica |
| Nuevo Plan Estatal de Vivienda | Construcción destinada a grupos vulnerables |
Estas medidas han sido recibidas con diferentes reacciones, ya que algunos partidos de la oposición argumentan que son insuficientes o que carecen de detalles claros sobre su implementación. Sin embargo, la intención de Pedro Sánchez es clara: priorizar la vivienda como un derecho fundamental y combatir la especulación que ha dificultado que millones de españoles encuentren un hogar digno y asequible.
