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Entidades como la Asociación Pro Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Pro Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz y la Coordinadora Nacional Pro Derechos Humanos han presentado un recurso de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
El objetivo de este recurso legal es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordene al Estado peruano la suspensión del trámite del proyecto de ley que busca la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra anteriores al 2022.
Además, las medidas provisionales presentadas proponen que el Congreso de la República “se abstenga de aprobar cualquier normativa similar”.
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El documento, firmado por Pablo Alessandri, secretario de la CIDH, convoca al Estado peruano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, a más tardar el 12 de junio del 2024, presenten sus observaciones sobre las medidas provisionales.
Recordemos que el Parlamento aprobó en primera votación un dictamen impulsado por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular) que busca evitar que los responsables de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra anteriores al 2022 puedan ser acusados, procesados o sancionados, fecha en que se suscribió el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
El pasado jueves 6 de junio, el Pleno del Parlamento aprobó la iniciativa con 60 votos, gracias al apoyo de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú, Honor y Democracia, siete no agrupados y uno del Bloque Magisterial.
Se destaca que la congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) presentó un recurso para que el Pleno reconsidere la aprobación de este dictamen.
