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Mediante un comunicado, el Consejo de la Prensa Peruana alertó a la población sobre un paquete legislativo que implica censura y un ataque a la libertad de expresión.
La Comisión de Descentralización aprobó que representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial formen parte del directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), el organismo encargado de la transmisión de TV Perú y Radio Nacional.
Esto supondría un claro ataque a la independencia que debe tener el IRTP para informar de manera imparcial a los peruanos: sometería su línea editorial a las presiones del poder, algo que el último año ha sucedido con el despido de numerosos periodistas del canal. La propuesta va en contra de las buenas prácticas establecidas en Argentina, Chile, España, México e Italia. En el pasado, tanto la Defensoría del Pueblo como la Presidencia del Consejo de Ministros han señalado que iniciativas como esta implican afectaciones a la separación de poderes y la politización del canal.
Por otro lado, el documento menciona que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó modificar una ley con el fin de, supuestamente, fortalecer la supervisión y fiscalización de las ONG a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
En el ámbito periodístico, esto permitirá una persecución política a organizaciones que promueven y defienden las libertades de expresión y de prensa, así como a numerosos medios de comunicación sin fines de lucro. Permitirá acusar injustamente a estas organizaciones de “activismo político” o de recibir fondos -necesarios para proyectos que fortalecen a la prensa- de “agentes extranjeros”. La transparencia y fiscalización necesarias ya existen a través de la APCI, la Sunat y la SBS. Leyes similares han sido aprobadas en las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.