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Hace cerca de seis meses y medio que la denuncia constitucional presentada por la actualmente destituida fiscal Patricia Benavides contra la presidenta Dina Boluarte por homicidio calificado y lesiones graves ha estado archivada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) presidida por la congresista Lady Camones (Alianza Para el Progreso). Esto a pesar de que el artículo 89 del Reglamento del Congreso establece un plazo de 10 días hábiles para que se elabore el informe que determinará la procedencia o no de la acusación.
Camones Soriano reconoció a CARETAS que la denuncia, que también involucra al ex primer ministro, Alberto Otárola y a los ex ministros del Interior, César Cervantes, Vicente Romero y Víctor Rojas, aún está pendiente de ser calificada, pero no respondió cuando se le preguntó sobre el motivo de la demora.
La denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, contra la jefa de Estado por presunto delito de cohecho pasivo impropio por recibir “préstamos” que incluían tres relojes Rolex, un par de aretes de oro con brillantes y una pulsera Bangle como “agradecimiento” por aprobar millonarias transferencias adicionales al presupuesto del Gobierno Regional de Ayacucho también podría correr la misma suerte.
En la sesión del martes 4 de junio, se informó sobre la denuncia en la sesión de la SAC y hasta el cierre de esta nota, el informe de calificación respectivo no había sido presentado. Tienen hasta el martes 18 de junio para hacerlo.
Aparentemente, los bajos índices de popularidad de la mandataria no parecen ser un factor que haga que el Congreso, al menos por ahora, cuestione su permanencia en el Palacio de Gobierno. El Legislativo no solo ha rechazado siete mociones de vacancia contra la jefa de Estado, sino también ha archivado al menos 11 denuncias constitucionales en su contra. La mayoría de ellas fueron desestimadas cuando la abogada apurimeña ya ostentaba la banda presidencial.
En efecto, la única que se archivó antes de asumir la Presidencia fue en julio de 2022, cuando se la acusaba de ejercer los cargos de vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social al mismo tiempo que era presidenta del Club Departamental Apurímac. A partir de septiembre de 2023, las acusaciones contra la mandataria comenzaron a ser archivadas.
Se han pasado por alto, entre otras cosas, el no incluir a sus familiares, incluido su hermano Nicanor, en su declaración jurada de intereses; apoyar el toque de queda propuesto por el expresidente Pedro Castillo el 5 de abril de 2022; ser jefa de una oficina de Reniec al mismo tiempo que ejercía la vicepresidencia y el MINDES; firmar un proyecto de ley que convocaba a una Asamblea Constituyente; y las 50 muertes de civiles en las protestas antigubernamentales que marcaron el inicio de su gobierno.
Sin embargo, desde diciembre de 2022, la mandataria enfrenta 13 denuncias constitucionales pendientes de calificación, para luego iniciar investigaciones que conduzcan a la elaboración de un informe final.
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Por ejemplo, el 23 de noviembre de 2022, se presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y su gabinete en pleno, incluida Dina Boluarte, por respaldar la cuestión de confianza presentada por el entonces primer ministro, Aníbal Torres, para derogar la ley que precisaba los alcances del referéndum. Hasta el 31 de enero de 2023, la presidenta presentó sus descargos por escrito. Ha pasado más de un año y medio y aún no se ha elaborado un informe final.
Esperan también la calificación seis denuncias constitucionales contra la mandataria por las muertes en las manifestaciones contra su gestión. Una de ellas, presentada por el presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), Jhon Lapa Oré, solicita además la vacancia presidencial.
La SAC, que actualmente está en manos de APP, también deberá iniciar el proceso de la denuncia presentada por el congresista Juan Burgos (Podemos Perú) por la emisión del decreto de urgencia 006-2024, que otorgó S/ 100 000 000 al Gobierno Regional de Ayacucho, debido a su vinculación con el Caso Rolex. Por el mismo motivo, Elías Varas (Perú Bicentenario) denunció a Boluarte por no haber declarado estos accesorios de lujo en su declaración de bienes y rentas.
El constitucionalista Omar Cairo explicó que las denuncias constitucionales contra la mandataria que le atribuyan un delito cometido en funciones solo podrían seguir el proceso en la SAC y, aunque fueran aprobadas, la Comisión Permanente no podría acusarla durante su mandato, debido a la protección otorgada por el artículo 117 de la Constitución.
Si Boluarte fuera denunciada por infringir la Constitución, el Pleno podría someterla a un juicio político que podría resultar en su destitución, suspensión o inhabilitación para ejercer funciones públicas por hasta 10 años.
