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El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, anunció que el Ejecutivo coordinará junto con los poderes Legislativo y Judicial una respuesta en rechazo a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que pide al Estado peruano no adoptar un proyecto de ley que precise la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra.
“De manera inusual y sin precedentes, la corte emite una medida cautelar contra un proyecto de ley que aún no se ha convertido en ley”, señaló.
Destacó que Perú es un estado independiente y soberano, y criticó que la justicia supranacional intente impedir que los poderes del Estado peruano cumplan con sus funciones constitucionales.
Como es conocido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha comunicado que ha emitido una medida cautelar solicitando al Estado peruano que no adopte un proyecto de ley que busca establecer la prescripción de crímenes de lesa humanidad.
“Con la resolución del 1 de julio de 2024, la Corte IDH solicitó a Perú “que, a través de sus tres poderes, tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley N.º 6951/2023-CR que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Perú, a los que se hace referencia en los fallos de los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras iniciativas legales similares, con el fin de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de estos casos”.