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El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, enfatizó que la institución judicial que encabeza es autónoma en sus funciones y en las decisiones de los jueces, en respuesta al requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dejar sin efecto el proyecto de ley que establece la prescripción de crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú.
“La Corte Interamericana no tiene la facultad de ordenar al Poder Judicial que intervenga para evitar la promulgación de una ley, los jueces determinarán si la declaran inaplicable o inconstitucional”.
Además, explicó que, una vez aprobada la mencionada ley, deberá ser promulgada por la presidenta y “si el juez considera que la norma viola la Constitución y los tratados internacionales, aplicará el control difuso, y si la ley es válida, la aplicará, sin que se les pueda responsabilizar por su decisión”.
“Otra opción es que los interesados presenten una impugnación ante el Tribunal Constitucional cuestionando la ley por su inconstitucionalidad”.
Arévalo Vela subrayó que su gestión al frente del Poder Judicial es independiente, refiriéndose a declaraciones del primer ministro Gustavo Adrianzén, quien anunció coordinaciones entre los poderes del Estado para dar una respuesta conjunta sobre la resolución de la Corte IDH.
“Trabajo de manera autónoma y el Poder Judicial es independiente, al igual que los demás poderes. El Poder Judicial no busca confrontaciones con nadie, más bien debemos coordinar, cooperar. Descarto enfrentamientos con la Junta Nacional de Justicia o el Congreso. No creemos en la confrontación entre poderes, vivimos en democracia”, señaló.
