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En una carta enviada en conjunto, la presidenta del país, Dina Bolaurte Zegarra, y el presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, expresaron su desacuerdo con la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que pedía anular el procedimiento legislativo de la ley sobre prescripción de delitos de lesa humanidad.
“Por esta razón, lamentamos profundamente que la Corte IDH, en su resolución, implique que Perú no es un Estado de derecho constitucional y que carece de los mecanismos propios de una república democrática donde exista un equilibrio y control de los poderes públicos. Más bien, pretendería convertirse en un poder supraestatal con la capacidad de dirigir y ordenar cómo deben operar sus órganos legítimos dentro de nuestro Estado”, se lee en la carta.
La carta también rechaza “categóricamente” los términos contenidos en la resolución de la Corte IDH del 1 de julio pasado debido a que “la medida provisional concedida supone un desconocimiento de la soberanía estatal y del principio de separación de poderes”.
“Lamentamos que la Corte IDH haya emitido una resolución que, excediendo sus competencias, ha desnaturalizado la figura de las medidas provisionales, de carácter temporal y excepcional para garantizar el resultado de fondo, y ahora mantenga la práctica de extender sus alcances arbitrariamente a situaciones nuevas que se relacionan de manera directa con lo dictaminado en su oportunidad, bajo el pretexto de encontrarse en supervisión del cumplimiento de la sentencia, transgrediendo de manera evidente el rol subsidiario que debe asumir ”.
En el documento oficial dirigido a Nancy Hernández López, presidenta de la Corte IDH, firmado por Boluarte Zegarra y Reyes Soto, rechazan que la Corte IDH use términos como “conflicto armado interno” para referirse a los años en los que el país tuvo que enfrentar “la violencia terrorista”, ya que esto “ofende la conciencia cívica nacional y la memoria de miles de peruanos y peruanas que perdieron la vida a manos de las hordas terroristas”.
“Además, en la resolución del 1 de julio se menciona: “un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares” (párrafo 52); esta expresión ignora la realidad y promueve una distorsión injustificada de la misma, ya que lo que realmente sucedió en Perú fue que la sociedad peruana tuvo que enfrentar y defenderse de un ataque terrorista generalizado y sistemático, que provocó la pérdida de decenas de miles de vidas y daños económicos incalculables”, se lee.
Finalmente, solicitan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un ejercicio de autovigilancia, corrija sus excesos que terminan por perjudicar el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y afectar la soberanía de los Estados.
