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(EUROPA PRESS) – El Tribunal Superior de Justicia de Ontario ha aprobado una demanda colectiva contra el Gobierno de Canadá por supuestamente violar los derechos de los migrantes al detenerlos junto a sospechosos criminales mientras esperan el procesamiento de su estatus.
la demanda, que pide una compensación de 100 millones de dólares (67,8 millones de euros) para ser distribuida entre los demandantes, representa a más de 8.300 personas que fueron detenidas en 87 cárceles provinciales y territoriales por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá entre 2016 y 2023.
Los demandantes indicaron que la detención de migrantes es de carácter administrativo y no punitivo, aunque el organismo gubernamental lleva a cabo estas medidas desde hace “mucho tiempo”, por lo que “esta práctica viola los derechos de los detenidos” y contraviene las obligaciones de Canadá en materia de Derechos Humanos.
El tribunal ha rechazado todas las objeciones planteadas por los abogados del Gobierno federal, quienes intentaban impedir la continuación de la demanda. Hasta el momento, no han indicado si apelarán la decisión del tribunal, según ha informado la cadena de radiotelevisión canadiense CBC.
“Los inmigrantes detenidos fueron encarcelados en prisiones provinciales y enfrentaron las mismas condiciones que los reclusos criminales, incluida la convivencia con delincuentes violentos, el uso de restricciones como grilletes y esposas, registros corporales y severas restricciones de contacto y movimiento”, dijo el juez Benjamin Glustein.
Uno de los demandantes es Tyron Richard, quien estuvo 18 meses en tres cárceles de máxima seguridad diferentes de Ontario, desde enero de 2015 hasta julio de 2016. Estaba detenido por riesgo de fuga. Fue sometido a docenas de registros corporales, no se le permitió privacidad por parte de su compañero de celda o los guardias, y tuvo dificultades para comunicarse con sus seres queridos.
La agencia fronteriza puede detener, en virtud de acuerdos con los gobiernos provinciales, a ciudadanos extranjeros, incluidos solicitantes de asilo, si su identidad no está suficientemente establecida, si se considera que representan un peligro para el público o si se considera que representan un riesgo de fuga. Más del 80 por ciento de los detenidos fueron arrestados por riesgo de fuga.
