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El abogado César Nakazaki afirmó que el caso del Gasoducto Sur Peruano, en el que se acusa al ex presidente de la República, Ollanta Humala, de haber favorecido a la empresa Odebrecht, podría desmoronarse debido a que el representante de la constructora brasileña en Perú, Jorge Barata, no ha reconocido el pago de sobornos.
En una entrevista con RPP, el abogado de Barata mencionó que su representado admitió contribuciones de USD 3 000 000 a la campaña del Partido Nacionalista, pero consideró que era una “llave” para que el Gobierno lo escuchara, por lo que no habría necesidad de sobornar a funcionarios.
Nakazaki argumenta que no existe el concepto de “pre coima”, ya que los delitos de corrupción se cometen cuando hay colusión con un funcionario y no con un candidato.
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Incluso, señaló que la primera sentencia del caso Gasoducto ha absuelto a Claudia Hokama, abogada que trabajó para Odebrecht, y a Edgar Ramírez de ProInversión, ya que la justicia determinó que la adjudicación a la constructora brasileña fue legal y que sus competidores en la licitación fueron eliminados de forma legítima.
“Al no aceptarse los sobornos en el caso del Gasoducto, esto ha sido un duro golpe para la Fiscalía, ya que el caso se desmorona y probablemente los juicios arbitrales seguirán el mismo destino”, indicó.
Esta es la razón por la cual, según Nakazaki, la Fiscalía habría solicitado la prisión preventiva para Jorge Barata y la revocación del acuerdo de colaboración eficaz, a pesar de los compromisos firmados en Brasil que estipulaban que los colaboradores de dicho país no serían procesados ni se utilizarían las pruebas en su contra.
