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El espectáculo del fiscal José Domingo Pérez con chaleco antibalas en el comienzo del juicio contra Keiko Fujimori y otros por el caso Cócteles, confirmó lo que cualquier ciudadano con habilidades moderadas de observación sabía desde hace mucho tiempo. Que la actuación de los fiscales Lava Jato ha sido un destructivo castillo de fuegos artificiales que duró no tanto como un carnaval, sino ocho largos años que contribuyeron crucialmente a sumergir al país en un remolino de polarización, devastación política y depreciación institucional.
CARETAS lo advirtió hace cinco años, cuando el fiscal Pérez, al día siguiente del suicidio de Alan García, acudió a la audiencia oral para enviar a prisión preventiva a otro expresidente, Pedro Pablo Kuczynski. Más allá del espectáculo grotesco de un Robespierre que se levantaba de la tribuna en circunstancias tan trágicas, la escena resultaba más impactante porque, hasta ese momento, Pérez no había mostrado interés en participar personalmente en los trámites relacionados con PPK. Con la muerte del premio mayor, el otro expresidente ascendía como trofeo.
Cuando esta revista editorializó sobre dicha conducta, el jefe nominal de Pérez, Rafael Vela, impuso un estricto y permanente embargo informativo sobre el medio. Más allá de la anécdota, es un perfecto ejemplo de los métodos de fiscales que, a pesar de salir jalados en sus exámenes, han acumulado por tiempo insólito un poder inmerecido y abusado.
Como el estratega argentino Fernando Dopazo le dijo a CARETAS durante el reciente Edircom: “En el Perú hubo un proceso de judicialización de la política llevado al absurdo”. No es normal que todos los presidentes terminen presos. Y más allá de especular si en el Perú son más corruptos que, por ejemplo, en otros países de la región, la diferencia estuvo en un aparato fiscal que privilegió forzadamente el escarmiento de ciertas figuras sobre muchos otros casos de corrupción de las constructoras brasileñas.
¿Saldrá Keiko Fujimori fortalecida de un juicio similar, con dos mil testigos y una acusación difícilmente comprobable de lavado de activos y organización criminal? Difícil de predecir.
A pesar de que se ha repetido hasta la saciedad que cuando recibió los presuntos aportes de campaña la omisión de declararlos no constituía delito, la cantidad de dinero proveniente de fuentes como el Grupo Romero, el fallecido empresario Juan Rassmuss y Odebrecht, la volverán a poner en la picota de la frivolidad y el rentable desempleo. Lo de su exmarido es un perfecto pie de página.
El resto de la derecha huele sangre y se apresta a dividirse con anticipación, a pesar de la obligatoriedad de la inscripción de partidos hasta el 12 de julio, dos años antes de la próxima toma de mando, como ya se observa con los nuevos reclutamientos en Avanza País. Fernán Altuve y Phillip Butters entran al juego por ese lado, aunque aún hay tiempo para definiciones. En el último momento, el alcalde Rafael López Aliaga envió un emisario a Butters para disuadirlo sin éxito y que se una a Renovación Popular. Está claro que en este punto, Porky planea dejar la alcaldía para intentar nuevamente la Presidencia. Mientras tanto, sigue acumulando conflictos. ¿O cree acaso que paralizando las obras de la Línea 2 del Metro y denunciando penalmente a los funcionarios del MTC le resultará fácil llevar a cabo sus proyectos?
Hernando de Soto anuncia una nueva candidatura y solicita adelantar las elecciones. A sus 83 años se entiende mejor, con dos más que Joe Biden.
El sector empresarial, mientras tanto, sigue moviendo sus piezas. En el Edircom, por ejemplo, Fernando Cillóniz tuvo una de las intervenciones más sólidas. Carlos Añaños ya se sumergió en el juego, pero la carrera recién comienza. Es probable que, de entre ellos y otros más, surja una sola opción.
Mientras tanto, algunos casi celebran porque el 53 %, según la última encuesta del IEP, favorecería un golpe militar. No es un ambiente nuevo en el Perú, incentivado por fenómenos