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El Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip) informó que se han formalizado dos nuevas investigaciones por la muerte de 50 civiles en las protestas antigubernamentales que ocurrieron entre diciembre del 2022 y marzo del 2023. Hay un total de 20 investigaciones a cargo de este equipo que ya están en etapa de formalización.
La primera investigación se refiere a las pesquisas contra el comandante de la Policía, Segundo Martín Ocampo Aguirre, por los delitos de lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad durante la jornada del 9 de enero del 2023, cuando 19 personas fueron asesinadas en Juliaca, Puno.
La otra investigación se sigue contra el excomandante general de la Policía, Raúl Alfaro; el ex jefe del Frente Policial de Apurímac, Luis Flores Solís; el jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, Alexis Luján; y los oficiales Carlos Cuya Campos y Litman Peña Pacheco.
Según el informe de Amnistía Internacional “¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú”, la presidenta de la República, Dina Boluarte, tendría responsabilidad en la muerte de los 50 civiles que fueron asesinados en las manifestaciones contra el gobierno tras el autogolpe del exmandatario, Pedro Castillo.
De acuerdo con este informe, la mandataria mantuvo una estrecha coordinación con los altos mandos de las Fuerzas Armadas durante las jornadas en las que aumentaba el número de muertos en las movilizaciones.
Ministro del Interior señala que sus vínculos con investigado por narcotráfico fueron posteriores a las pesquisas. – Revista Caretas. (July 21, 2024)