El juez Leodan Cristóbal Ayala evaluará el jueves 25 de julio la solicitud de 36 meses de prisión preventiva presentada por la fiscal Geovana Mori contra el ex representante de la empresa Odebrecht en Perú, Jorge Barata, en relación con el caso Gasoducto Sur Peruano.
La fiscal del Equipo Especial Lava Jato se basa en la presunta complicidad del ejecutivo brasileño en favorecer a la constructora que representaba para obtener la adjudicación de la obra durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala.
Según la resolución emitida por la justicia peruana, la audiencia se llevará a cabo en la sede de la Corte Superior Nacional en el Cercado de Lima, a la cual asistirán la fiscal Mori y César Nakazaki, abogado de Barata Simoes.
La Fiscalía sostiene que el acusado no ha reconocido los hechos que se le imputan, es decir, niega haber pagado sobornos para asegurar que Odebrecht obtenga la buena pro del Gasoducto Sur.
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Anteriormente, César Nakazaki había afirmado que su cliente no reconoce estas acusaciones, ya que argumenta que el pago de USD 3 000 000 a la campaña del Partido Nacionalista ocurrió antes de que Humala Tasso fuera funcionario, lo que, según él, invalidaría el caso.
Incluso, señaló que la primera sentencia del caso Gasoducto ha absuelto a Claudia Hokama, abogada que trabajó para Odebrecht, y a Edgar Ramírez de ProInversión, pues la justicia determinó que la adjudicación a la constructora brasileña fue legal y que los competidores en la licitación fueron eliminados de manera legítima.
Según Nakazaki, la Fiscalía habría solicitado la prisión preventiva para Jorge Barata y que se revocara el acuerdo de colaboración eficaz, a pesar de los compromisos firmados en Brasil que garantizaban que los colaboradores de ese país no serían procesados ni se utilizarían las pruebas en su contra.
