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La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra por presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el marco de violaciones a los Derechos Humanos.
La denuncia también incluye a Pedro Miguel Angulo Aranda y Luis Alberto Otárola Peñaranda, en calidad de presidentes del Consejo de Ministros; Luis Alberto Otárola Peñaranda y Jorge Luis Chávez Cresta, en calidad de ministros de Defensa; César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, en calidad de ministros del Interior, como presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en las siguientes modalidades:
i) Homicidio calificado, por comisión por omisión [omisión impropia] – dolo eventual en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en perjuicio de Cristian Álex Rojas Vásquez y otros.
ii) Lesiones graves, por comisión por omisión [omisión impropia] – dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en perjuicio de Teófilo Ramírez Ortega y otros.
iii) Lesiones leves, por comisión por omisión [omisión impropia] – dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en perjuicio de Miguel Ángel Velásquez Chilingano y otros.
Los hechos imputados se refieren a las protestas sociales ocurridas en el período del 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad. Se registraron 44 personas fallecidas (41 por disparo de arma de fuego y 3 por golpes con objeto contundente) y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 causadas por disparo de arma de fuego, 27 por golpes con objeto contundente, 6 por bombas lacrimógenas y 5 por otros objetos).
Asimismo, se ha emitido una disposición fiscal de archivo por el delito de genocidio imputado a los investigados mencionados.
Es importante destacar que además, hay 303 expedientes fiscales en los distritos fiscales de las regiones mencionadas, en los cuales se está investigando a 824 personas por hechos relacionados con presuntos delitos de obstaculización al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio y lesiones, en perjuicio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.
