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El líder del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén Olaya, ha criticado la facilidad con la que el sistema de justicia ordena la detención preventiva de varios procesados, y ha cuestionado que muchas veces, después de 36 meses de privación de libertad, los fiscales no presentan cargos ni han iniciado un juicio.
“Estoy completamente en desacuerdo con la detención preventiva y lo he estado diciendo desde hace mucho tiempo. En el Perú tenemos un estándar de libertad muy deficiente. Debemos tener en cuenta la gravedad de los crímenes y ser más estrictos al imponer la detención preventiva”, afirmó.
El jefe de la PCM también señaló la necesidad de evaluar diferentes criterios como la identidad de la persona y sus antecedentes, y cuestionó que las deficiencias del Estado, como la falta de vigilancia en las fronteras, sean motivo para privar a un ciudadano de su libertad.
En cuanto a la ley que establece los alcances del delito de lesa humanidad, el jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) indicó que lo ocurrido antes de que entrase en vigencia el Estatuto de Roma en el Perú no podía ser clasificado de esa manera porque no formaba parte de nuestro sistema legal.
“Esta ley no fomenta la impunidad dado que los crímenes ya han sido juzgados. En ese sentido, si hay tantas discrepancias respecto a esta ley, el Tribunal Constitucional es el lugar donde se puede discutir su constitucionalidad”, agregó.
