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Un miembro supremo del Fuero Militar Policial (FMP) ha solicitado la dimisión de su presidente, el mayor general retirado de la Fuerza Aérea, Arturo Giles Ferrer, cuestionándolo por una orden de servicios que su hija ganó con esta institución en el 2016, año en el que el actual titular de la entidad era miembro supremo.
La solicitud fue enviada el 5 de agosto por el general de la Policía retirado, Roberto Burgos del Carpio, quien actualmente es miembro supremo del FMP. En el documento, acusa a Giles Ferrer de haber intervenido para que su hija, Rosa Cecilia Giles Magallanes, obtuviera una orden de servicios por S/ 6240 el 16 de febrero de 2016. Una revisión del Buscador de Proveedores del Estado de la OSCE confirma lo señalado por Burgos.
“Desde una perspectiva racional y objetiva se evidenciaría con mediana claridad, que, abusando de su cargo y autoridad y en forma dolosa, quebrantó las normas básicas elementales de la Ley de contrataciones del Estado (…) Aprovechándose del cargo obtuvo ventajas indebidas a favor de su hija”, dice el documento.
También señala que tanto él como trabajadores del FMP y personal CAS “han sido víctimas de reasignaciones desproporcionadas e irracionales violando el debido proceso”, hechos que serán puestos de conocimiento de los comandantes generales de las tres armas y del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Otros cuestionamientos: Fovipol bajo la lupa
Pero no es el único cuestionamiento al sector, ya que a mediados de julio, CARETAS reveló que pese a que a los policías se les descuenta el 5% de sus sueldos para financiar viviendas familiar y que incluso, en febrero del 2020 se aprobó la inversión de S/ 341 000 000 para construir 1005, pero a la fecha, solo se entregó el 5% de ellas.
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En el centro de la controversia está el proyecto del Grupo Inmobiliario Kinsa, cuya apoderada es la empresaria Olga Vásquez, que se adjudicó la construcción de 680 viviendas en Piura por S/ 103 millones. El primer lote está listo desde febrero de 2021, pero el general Samuel Peralta, que era el gerente de Fovipol se negó a recibirlas. A lo largo del tiempo se aplicaron cuestionables pruebas de diamantina para retardar la entrega y la empresa ha denunciado que Peralta buscaba extorsionarla. La discusión se zanjó cuando en julio de 2023 un tribunal arbitral falló a favor de la constructora y ordenó a Fovipol recibir las viviendas. Esto no ha ocurrido hasta el momento.
Peor aún, la gestión adquirió un terreno en Simbila, Castilla, por S/ 27 millones para construir viviendas –a pesar de que las de Oasis estaban listas– y el Instituto de Defensa Civil concluyó que existe un alto riesgo de inundación. La sospecha de gigantesca sobrevaloración salta a la vista.
En marzo de 2021, el coronel PNP José Alarcón Camacho reemplazó a Peralta como gerente de Fovipol, y se siguió negando a recibir las viviendas. Un informe de control específico del Órgano de Control Institucional de la Policía Nacional identificó presunta responsabilidad administrativa con relación a la contratación de fideicomisos para la construcción de proyectos de vivienda en Iquitos y San Juan de Lurigancho.
A fines de abril último, Alarcón Camacho fue detenido en un operativo de la Eficcop por presuntamente haber facilitado la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Castillo, Juan Silva, quien permanece prófugo hasta la actualidad.
Alarcón Camacho fue jefe de la División de Búsqueda de Personas (DIVBUS) de la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN) y desde allí habría alertado a Silva.
Pero la caja de corrupción de la Fovipol trae otras sorpresas. El fiscal que posibilitó el retraso de las viviendas en Piura fue Marco Huamán. El mismo que posteriormente fue nombrado como fiscal supremo provincial coordinador en delitos de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales por parte de la destituida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Huamán reconoció que, siguiendo órdenes de Benavides, entregó informes y resoluciones referentes a congresistas al exasesor Jaime Villanueva, hoy cantor principal en el Ministerio Público.
Cuestionables gestiones que sucedieron a la del general PNP en retiro Herbert Campos, quien asumió la gerencia de Fovipol cuando era coronel. Ramos promovió fideicomisos para la construcción de 7 proyectos inmobiliarios en Piura –descrito párrafos más arriba–, Iquitos, Lima y Chiclayo, con una inversión que debía superar los S/ 300 millones.
Ramos organizó la II Expo Feria Inmobiliaria Fovipol en 2019, con la que se pretendía cerrar la dramática brecha de vivienda policial, que alcanza al 65 % de los aportantes al Fovipol. Paradójicamente, terminó empapelado por trabajar para reducirla.
