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La Subsecretaría General del Despacho Presidencial ha rechazado la petición del expresidente, Pedro Castillo, para que la institución pague por su defensa legal en el proceso abierto en su contra por presunta coordinación en nombramientos en el Palacio de Gobierno y AgroRural.
No obstante, la resolución 79-2024-DP/SSG ha determinado que este beneficio no corresponde al exmandatario, ya que los actos imputados por el Ministerio Público no pueden ser considerados delitos en ejercicio de sus funciones.
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“Los hechos investigados contra el señor Pedro Castillo, como presunto instigador del delito contra la administración pública, por negociación incompatible, no están relacionados con las funciones regulares como presidente de la República”, indica el documento.
Es importante destacar que la normativa establece que los servidores públicos hallados culpables de los delitos imputados deben reembolsar al Estado el monto asignado para su defensa legal.
