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En 2023, un total de 196 activistas ambientales fueron asesinados en todo el mundo. A medida que la lucha por preservar el planeta se intensifica, aquellos en la primera línea de defensa están pagando un precio alarmantemente alto. El informe de Global Witness, ‘Voces silenciadas’, documenta un aumento constante en la violencia contra quienes se oponen a la explotación ambiental y defienden los derechos humanos.
Desde 2012, más de 2,000 activistas ambientales han perdido la vida en todo el mundo, un número que subraya la magnitud de esta crisis global. Esto refleja los riesgos de ejercer la defensa ambiental, así como la represión sistemática que enfrentan en distintas partes del mundo. La mayoría de estos crímenes se concentran en América Latina.
América Latina: la región más peligrosa
El 85% de los asesinatos de activistas ambientales en 2023 ocurrieron en América Latina. Colombia encabeza esta trágica lista con 79 asesinatos, lo que representa el 40% de los casos a nivel mundial. La región sufre una violencia arraigada, exacerbada por el narcotráfico, los conflictos por tierras y la explotación de recursos naturales. Las zonas más afectadas son Cauca, Nariño y Putumayo, donde las comunidades indígenas se enfrentan a conflictos armados y actividades ilícitas relacionadas con el cultivo de coca.
Brasil ocupa el segundo lugar con 25 asesinatos, seguido de Honduras y México, cada uno con 18, y Filipinas con 17. Casi la mitad de las víctimas en 2023 eran indígenas (43%) y afrodescendientes (6%). Respecto a México, aunque el número de asesinatos se redujo a 18, más del 40% de estos crímenes estuvieron vinculados a la minería, una de las principales industrias responsables de los conflictos ambientales en el país.
Perú: cuatro defensores asesinados
Perú no es ajeno a esta crisis. En 2023, cuatro activistas ambientales fueron asesinados, la mayoría pertenecientes a comunidades indígenas afectadas por la tala y minería ilegales, así como por la deforestación y la expansión agrícola.
Sus nombres son: Benjamin Flores Ríos, Cristino Melchor Flores, Quinto Inuma Alvarado y Santiago Contoricón Antúnez. Sus muertes son un reflejo de la peligrosa situación que enfrentan los activistas indígenas en Perú, quienes a menudo sufren represalias por parte de actores ilegales vinculados a actividades extractivas.
La minería: principal motor de conflictos
La minería sigue siendo una de las industrias más peligrosas para los activistas ambientales. “Sigue siendo difícil establecer una relación directa entre el homicidio de una persona defensora e intereses empresariales concretos. Sin embargo, en 2023 pudimos determinar que la minería fue el mayor móvil industrial con diferencia, ya que se asesinó a 25 activistas después de que se opusieran a operaciones mineras”, señala el informe.
En 2023, 25 activistas ambientales fueron asesinados por oponerse a proyectos mineros. Entre 2012 y 2023, más del 50% de los homicidios vinculados a la minería se concentraron en América Latina. El año pasado, 23 de los 25 asesinatos relacionados con esta industria ocurrieron en dicha región. Esto subraya la peligrosa conexión entre los conflictos mineros y la violencia en este territorio.
Impunidad y falta de protección
El informe destaca la impunidad que prevalece en la mayoría de estos casos. La falta de justicia para las víctimas y sus familias es una barrera para la protección de los derechos humanos. En muchos países, los activistas, además de enfrentar amenazas y violencia, enfrentan la criminalización y el descrédito por parte de las autoridades y las empresas involucradas en actividades extractivas.
Recomendaciones
Global Witness ofrece algunas recomendaciones clave para frenar esta violencia:
- Mejorar el acceso a la justicia: los gobiernos deben fortalecer sus sistemas judiciales para garantizar que los crímenes contra los activistas no queden impunes, brindando protección efectiva a las víctimas y sus comunidades.
- Adoptar acuerdos vinculantes: se insta a los países a implementar acuerdos como el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la justicia ambiental y protege a los defensores.
- Responsabilidad corporativa: las empresas deben implementar políticas de tolerancia cero hacia la violencia y las represalias contra los activistas ambientales. Deben establecer mecanismos de monitoreo y reparación para los impactos negativos causados por sus operaciones.
Perú rechazó ratificar el Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú, un tratado regional para garantizar el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales, es un instrumento clave para proteger a los activistas en América Latina y el Caribe. Sin embargo, aunque Perú fue parte de su negociación, el Congreso peruano rechazó ratificar el acuerdo en 2020 y 2022. Los argumentos detrás de esta decisión se basaron principalmente en que afectaría la soberanía del país y perjudicaría las inversiones.
