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Roque Bravo Basaldúa fue asesor de la comisión que investigó el supuesto fraude electoral del año 2021; María Teresa Cabrera fue la jueza que sentenció a prisión a Magaly Medina en el 2008 y fue congresista por el partido Podemos Perú en el período 2020-2021; y José Eduardo Castro Huamán es un abogado que fue sancionado con una multa de 2URP por concurrencia injustificada en el control de acusación de su cliente, un acusado por colusión en agravio del Estado.
Todos ellos tienen en común haber pasado el examen de conocimientos que la Comisión Especial para los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tomó el domingo 25 de agosto, en medio de advertencias sobre la poca transparencia de un proceso de selección que se estaría realizando a puerta cerrada.
La Misión de Observación sobre la JNJ (MIO-JNJ) ha venido advirtiendo que el grupo de trabajo que preside el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, se niega a transmitir sus sesiones sin justificación alguna, lo que deja en duda la motivación de sus miembros para tomar decisiones.
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Esta misión también había observado que hubo resistencia de la comisión especial para publicar las hojas de vida de los 51 candidatos, así como sus antecedentes judiciales y sus credenciales académicas, algo que podría beneficiar a los candidatos egresados de universidades con nexos parlamentarios. Si bien, la presión obligó a la comisión a publicar estos documentos, no ha pasado lo mismo con el récord de patrocinios que los postulantes tuvieron como abogados, información fundamental para detectar posibles conflictos de interés.
“El patrocinio no solo significa a quién representas, sino contra quiénes has actuado”, dice a CARETAS el secretario técnico de MIO-JNJ, Jaime Arellano.
Jaime Arellano advirtió que el grupo bajo la batuta de Gutiérrez se está atribuyendo facultades legislativas al determinar que solo se puede ejercer el cargo de magistrado de la institución encargada de designar y remover a los jueces y fiscales hasta los 75 años, a pesar de que su Ley Orgánica no lo contempla.
Respecto de la eventual aprobación de la disolución de la JNJ y su absorción por la Escuela Nacional de la Magistratura, el observador consideró que “hay una invasión desde el Congreso a las potestades judiciales”.
