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Antes de la caída del régimen de Alberto Fujimori, el Ejército decidió otorgar una pensión a muchos de los miembros del grupo paramilitar Colina, responsables de las masacres de Barrios Altos, La Cantuta y del caso Pativilca – Caraqueño, donde el actual candidato presidencial de Fuerza Popular está procesado por ser el presunto autor mediato de la muerte de cinco campesinos el 29 de enero de 1992 en Barranca.
Los agentes del destacamento han recibido el pago de estas pensiones a lo largo de los años, incluso estando en prisión, a pesar de no haber cumplido con el total de las reparaciones civiles impuestas por la justicia y a pesar de la controversia judicial que cuestiona si los militares condenados por delitos dolosos deben recibir estos beneficios.
Documentos obtenidos por CARETAS muestran cómo muchos de los integrantes de Colina fueron retirados por renovación de cuadros o por su propia solicitud, garantizando así la pensión. Las resoluciones también mencionan las indemnizaciones que les fueron pagadas.
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