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En primera votación, el Congreso de la República aprobó el dictamen que sugiere que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma (2002) prescriban.
La propuesta, promovida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular), también busca evitar que se pueda procesar y sancionar estos crímenes si ocurrieron antes del 1 de julio de 2002.
El dictamen logró 60 votos a favor gracias al respaldo de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú, Honor y Democracia, siete no agrupados y uno del Bloque Magisterial.
En el debate, la congresista Ruth Luque mencionó casos en los que militares fueron condenados por violar los derechos humanos en masacres de campesinos ocurridas durante la lucha contra la subversión. Varias figuras de izquierda del Congreso alertaron que esta normativa beneficiaría al expresidente Alberto Fujimori, a su asesor Vladimiro Montesinos y a miembros del grupo Colina.
No obstante, el fujimorismo y sus grupos afiliados negaron que la norma tenga como objetivo favorecer al expresidente liberado o a sus aliados. Incluso, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, afirmó que no se trataba de una ley personalizada.
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La congresista Sigrid Bazán presentó un recurso para que el Pleno del Parlamento reconsidere la aprobación de la propuesta que podría beneficiar a políticos, funcionarios y militares implicados en violaciones de derechos humanos.
Anteriormente, la abogada Gloria Cano explicó a CARETAS que la aprobación de esta ley permitiría que los condenados por violaciones de derechos humanos anularan sus sentencias a través de procesos judiciales. Además, casos como el de “Pativilca”, en el que se juzga a Alberto Fujimori, podrían resultar afectados.
