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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido una resolución en la que solicita al Estado peruano que suspenda el proceso legislativo de la iniciativa que busca la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del 2022.
La entidad internacional solicita que la segunda votación del proyecto de ley impulsado por los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular) quede en espera hasta que cuenten con toda la información necesaria para decidir sobre la solicitud de medidas provisionales y su impacto en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
La Corte IDH ha convocado a los representantes de las víctimas de estos casos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una audiencia pública el 17 de junio, donde se abordará la solicitud de medidas provisionales.
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La normativa propuesta por los congresistas Cueto y Rospigliosi busca impedir que se procese o sancione a los responsables de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra anteriores al 2022, fecha en que se suscribió el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
A pesar de haber sido aprobada con 60 votos de diversas bancadas parlamentarias, la congresista Sigrid Bazán presentó una solicitud de reconsideración sobre el resultado de la votación.
Un informe de las Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos de Interculturalidad, firmado por la fiscal superior Raquel Cárdenas Manrique, señala que la aprobación de esta normativa afectaría a casos emblemáticos como Chuschi, El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos y otros.
