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De acuerdo con el informe “¿Quién dio la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú”, elaborado por Amnistía Internacional, la presidenta de la República, Dina Boluarte, podría tener responsabilidad en la muerte de los 50 civiles asesinados en las manifestaciones contra el gobierno después del autogolpe del exmandatario, Pedro Castillo.
Según este informe, la mandataria tuvo una estrecha coordinación con los altos mandos de las Fuerzas Armadas mientras aumentaba el número de muertos en las protestas.
La investigadora de Amnistía Internacional, Madeleine Penman, declaró: “Ella sabía lo que estaba sucediendo y no hacer nada podría llevar a responsabilidades penales”.
También se cuestiona el hecho de que la jefa de Estado haya ascendido a funcionarios que participaron en la toma de decisiones durante las protestas. Un ejemplo destacado es el de Alberto Otárola, quien pasó de ser ministro de Defensa a presidente del Consejo de Ministros en esa época.
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Incluso se señala que Boluarte Zegarra podría ser investigada como responsable indirecta de las muertes porque, a pesar de tener el mando supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía, no hizo nada para evitar las muertes en los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes.
“Según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en su sentencia de 2009 contra el expresidente Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno en el país, la presidenta Dina Boluarte podría ser investigada como posible responsable indirecta de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas”, destaca el informe.
También se cuestiona que tanto la legislación peruana como la internacional reconocen que no se debe utilizar balas para controlar las manifestaciones, pero la Policía ignoró este mandato con las consiguientes consecuencias.