36
Hoy, viernes 2 de agosto, se termina el plazo para que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte examine la normativa aprobada por el Congreso para cambiar la Ley contra el crimen organizado, la cual establece que los allanamientos deben llevarse a cabo en presencia del investigado y su abogado.
El Poder Ejecutivo recibió el proyecto de ley el 15 de julio pasado y, hasta la fecha, no ha presentado ninguna observación a pesar de que la Dirección General de Asuntos Criminológicos ha elaborado un informe que indica que esta normativa debilitaría la lucha contra la delincuencia, ya que excluye la revelación de información bancaria en las investigaciones, lo que podría afectar los casos de lavado de activos.
LEE | Poder Judicial rechaza recurso de Guillermo Bermejo para anular testimonio de colaborador eficaz en investigación por afiliación al terrorismo
La institución vinculada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también cuestiona que la obligación de realizar los allanamientos en presencia del investigado y su abogado pueda obstaculizar las diligencias.
También se agotó el plazo para examinar la Ley Rospigliosi
Sin embargo, este no es el único caso, ya que el 1 de agosto venció el plazo para que la presidenta Boluarte examine la ley que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes del año 2002. Esta normativa fue impulsada por el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi.
Esta ley podría beneficiar al expresidente Alberto Fujimori, quien está siendo juzgado por la muerte de cinco campesinos en 1992 dentro del caso Pativilca – Caraqueño. Los miembros del grupo Colina también podrían beneficiarse de esta norma.
