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El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha promulgado la ley que dispone la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de 2002. Esto se debe a que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no cumplió con la normativa en los plazos establecidos.
La ley se publicó en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano y establece que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en nuestro país el 1 de julio de 2022, mientras que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad se incorporó a la legislación el 9 de noviembre de 2003, por lo que no se aplicaría a delitos anteriores a esa fecha.
En consecuencia, los delitos considerados como de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes de ese año prescribirán de acuerdo a los plazos establecidos por la legislación nacional.
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La Junta de Fiscales Supremos se manifestó en contra de la promulgación de esta norma al considerarla inconstitucional e incompatible con la jurisprudencia supranacional en materia de derechos humanos y los estándares del derecho internacional.
Esta ley tendrá un impacto directo en casos como Barrios Altos, La Cantuta, Pativilca – Caraqueño, entre otros, en los que el expresidente Alberto Fujimori está acusado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido que se garantice la justicia para las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta y ha recordado que el Estado peruano está obligado a cumplir con las decisiones emitidas al ser parte de la Convención Americana.
