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El gobierno presentó un proyecto de ley que busca modificar la norma 30942 para que sea la presidenta de la República quien encabece de forma exclusiva el Consejo para la Reforma de Justicia, organismo encargado de promover la reforma del sistema judicial y coordinar la ejecución e implementación de políticas públicas relacionadas con este sector.
El consejo estaría compuesto, según la propuesta legislativa, por los presidentes del Congreso, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia, además del defensor del pueblo, el contralor general de la República y el fiscal de la Nación.
La propuesta también incluye en el Consejo Técnico para la Reforma de Justicia a representantes de la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, dándole al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la exclusividad en ejercer el secretariado técnico de dicho organismo.
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Este Consejo Técnico también cuenta con la participación de un representante de las rondas campesinas elegido entre sus presidentes regionales, aunque se destaca la baja participación de este colectivo en las sesiones de dicho colegiado.
En la exposición de motivos se justifica la propuesta de otorgar a la jefa de Estado la presidencia exclusiva del Consejo para la Reforma de Justicia, argumentando que, por mandato constitucional, le corresponde cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos judiciales no solo mediante el uso de la fuerza pública, sino también mediante otras acciones como la reforma integral del sistema judicial.
