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El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, llevará la demanda al Tribunal Constitucional, argumentando que la ley vulnera la autonomía e independencia funcional de los magistrados y va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.
Se advierte que la ley impactará negativamente en varios casos de especial gravedad que están siendo investigados actualmente. También preocupa el posible control disciplinario que podría ejercer la Autoridad Nacional de Control sobre las decisiones de los fiscales.
Se hace un llamado a la ciudadanía respecto a los efectos negativos de la ley y se respalda el pronunciamiento de los fiscales especializados en derechos humanos. Se reafirma el compromiso con la defensa de la legalidad y los derechos humanos en Perú, en el marco de respeto a la verdad y garantías de no repetición para lograr una sociedad justa y pacífica.
