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La propuesta que plantea la disolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Academia de la Magistratura (AMAG) y la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM) fue aprobada por la Comisión de Constitución controlada por la fujimorista Martha Moyano, pero no fue sometida a votación en el Pleno ni se tuvieron en cuenta las posturas de las instituciones que se pretenden eliminar.
El abogada Cruz Silva explicó a CARETAS que, como el dictamen no incluye la posibilidad de que la ENM pueda destituir a los magistrados supremos, la interpretación facultaría solo al Senado a llevar a cabo esta acción. Además, si se suma a esto que los miembros de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y el Ministerio Público -encargados de sancionar a magistrados de menor jerarquía- también podrían ser removidos por el Senado por “causa grave”, se evidencia el control del Legislativo sobre el sistema judicial.
La especialista sostiene que esto permitiría al Parlamento dominar el control disciplinario al que están sujetos los operadores de justicia. “Podrían repetirse situaciones de arbitrariedad, como cuando el Congreso sanciona sin especificar qué constituye una causa grave”, señala, y advierte que esto podría afectar a jueces o fiscales que investiguen a políticos en funciones o a sus colegas de partido.
“No se trata solo del cierre de la carrera judicial y fiscal, sino de la intromisión del poder político en el sistema de justicia”, añadió.
El cierre de la JNJ también implica que el Senado tenga la facultad de nombrar y destituir a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), instituciones que integran el sistema electoral.
Otra preocupación generada por la propuesta de Gladys Echaíz (Honor y Democracia) es la conformación del Consejo Directivo de la ENM, que según Silva, excluye la participación de representantes de la sociedad civil y otras instituciones.
La especialista explicó que, de aprobarse la reforma, la nueva JNJ cesaría en sus funciones y la nueva institución podría asumir, de manera temporal, las mismas, lo que retrasaría aún más los procesos de ratificación o sanción pendientes.
La propuesta de Alejandro Muñante (Renovación Popular) de prohibir que los operadores de justicia emitan opiniones políticas también fue criticada, ya que para Silva, el legislador no distingue entre la política partidaria y los temas de interés público -como la separación de poderes o su independencia- sobre los cuales sí pueden pronunciarse.
“La prohibición está relacionada con que los postulantes no estén afiliados a grupos políticos ni sean cercanos a ellos”, detalló.
También expresó su preocupación por la falta de garantías en la selección de los nuevos miembros de la JNJ debido a que muchos de los miembros de la comisión especial no han demostrado independencia frente a las acciones del Parlamento. “Si los nuevos integrantes coinciden con los intereses del Congreso, la elección de jueces y fiscales estaría capturada”, advirtió.
Asimismo, señaló que sustituir la JNJ por expresidentes del Tribunal Constitucional no es viable, debido a la posibilidad de que los nuevos evaluadores no actúen con imparcialidad o que se genere impunidad en las investigaciones en curso.
En ese sentido, indicó que los fiscales superiores tampoco podrían asumir las funciones de la Junta de Fiscales Supremos, ya que no se cumplirían ninguno de los motivos objetivos que justificarían su destitución, lo cual, de suceder, sería inconstitucional e infringiría la garantía de inamovilidad, vinculada directamente con la independencia judicial reconocida en la Convención Americana de Derechos Humanos.
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Pero las reformas que promueve el Congreso no se limitan a eso, sino que también buscan quitarle a la Fiscalía la facultad de llevar a cabo la investigación preliminar y otorgársela a la Policía. Sin embargo, los especialistas consultados advierten que esto podría ser contraproducente.
El abogado penalista Jorge Zúñiga explicó que la Fiscalía se encarga de la dirección jurídica de las pesquisas, mientras que la parte operativa corresponde a la Policía. Esto se debe a que la formación de los fiscales les permite conocer mejor la tipificación de los delitos y estar preparados para investigar delitos complejos como el lavado de activos.
Si la norma se aprueba, advierte el jurista, esto provocaría que haya menos policías en las calles, ya que estos tendrían que estar en sus oficinas investigando los delitos.
Zúñiga Escalante advirtió que darle a la Policía la facultad de decidir cuándo se inicia una investigación preliminar buscaría que la institución del orden pueda evadir el control fiscal sobre sus métodos. Esta postura fue compartida por la exintegrante del Mecanismo para la Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, Magali González.
Según la abogada, se debe tener en cuenta que ya se ha modificado el plazo por el cual un ciudadano puede ser retenido en los controles de identidad, y que ya no se necesita la autorización judicial para una incautación, entre otros cambios. “Ya se está produciendo una serie de modificaciones legales que están despojando al Ministerio Público de su rol de supervisor de la legalidad”, afirmó.
Mientras tanto, Zúñiga recordó que el surgimiento del Código Procesal del 2004 se basa en la realización de investigaciones policiales, que con frecuencia violaban derechos fundamentales “porque en el entusiasmo de una hipótesis policial, no se respetaban necesariamente las garantías mínimas que permitieran llegar a la verdad”.
Por su parte, González observó que a pesar de la vigencia de dicho código, aún existen casos de amenazas, abuso físico y psicológico por parte de la Policía a personas intervenidas y que la mayoría de estos casos nunca son sancionados.
“La Policía, al igual que cualquier funcionario, si no está sujeta a control, es susceptible de cometer abusos de autoridad”, comentó.
Ambos especialistas advirtieron que la reforma podría dar lugar a la impunidad, ya que sería la Policía la encargada de decidir si un caso debe ser formalizado o si se archiva.
