Fiebre de oro criminal – Caretas Política

Fiebre de oro criminal – Caretas Política

Víctor Gobitz es el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). La situación de la familia Siucho ha llamado la atención sobre un fenómeno que se ha incrementado siete veces desde el año 2005. Con el precio de la onza de oro fluctuando entre USD 2400 y USD 2600 y un total de USD 4 mil millones exportados de forma ilegal, el problema se ha salido de control.

-Con la familia Siucho hay un presunto caso de corrupción en el que se habría pagado un soborno para liberar una carga de 200 kilos de oro de origen ilegal. No parece ser un caso único…

Exactamente. Lo que está sucediendo es que esta actividad ilegal no solo evita el pago de impuestos, incumple todas las normas ambientales y laborales, y pone en peligro a las personas que trabajan en ella por razones económicas. Además, corrompe completamente nuestra institucionalidad. Están dispuestos a pagar sobornos para obtener insumos críticos como explosivos. Cuando ya han llegado a la pérdida de propiedad, son capaces de corromper el sistema judicial. Este es el cáncer al que nos enfrentamos.

“Son más de una familia sin escrúpulos que se dedica a esta actividad”.

-Según un testigo, parte del oro en ese caso procedía de Madre de Dios…

También podría ser del norte, en Piura, en la Cordillera del Cóndor. En la frontera con Ecuador hay estructuras auríferas. Pero está claro que está fuera de control. Son más de una familia sin escrúpulos, sin valores, que se dedica a esta actividad. Lo que se necesita es que el Estado logre una trazabilidad total de esta actividad. El Reinfo ha permitido formalizar, entre comillas, la compra de explosivos, la extracción de minerales y llevarlos a plantas de beneficio, algunas precarias, otras mejor instaladas, pero todas sin excepción han obtenido permisos de los gobiernos regionales. La regionalización malinterpretada ha permitido que la otorgación de permisos y la fiscalización de la “pequeña minería”, que ya no es tan pequeña, quede en manos de los gobiernos regionales. Es una combinación de errores.

-¿Las plantas procesadoras son la clave?

Las plantas son las que procesan y exportan. Y claramente el Estado está llegando por partes, de manera aislada. SUNAT ya ha comenzado a realizar revisiones cruzando información. Pero se necesita acompañamiento de un ente técnico como Osinergmin. Detrás está el incentivo económico que genera el precio del oro y los márgenes que obtienen debido a la poca transparencia en la información. Además, en la base de esa pirámide que han construido, hay mano de obra joven desempleada. Los que se están beneficiando son los que están en la cúspide de esa organización, ya sea porque tienen las plantas de beneficio o facilitan el capital de trabajo para que este sistema funcione.

-¿Qué opina sobre la huelga convocada para esta semana?

Se dice que es una marcha de 100,000 personas, pero no son 100,000 propietarios de plantas. Son la fuerza laboral que opera en condiciones muy peligrosas para sus vidas. Ellos son convocados.

A pesar del aumento de la presencia policial y militar en Pataz, el mineral sigue saliendo. El acceso a explosivos es un eslabón crucial.

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