Marita Barreto ha desplazado a Rafael Vela en el rol estelar de la saga mediática que protagonizan fiscales cuya efectividad es inversamente proporcional a su figuretismo.
Marita Sonia Barreto Rivera cumple 54 años este 19 de mayo. En 17 años como magistrada en el Ministerio Público solo ha logrado ser fiscal provincial titular, pero eso no le ha impedido convertirse en una de las mujeres más poderosas del sistema de administración de justicia. De ella depende la libertad de tirios y troyanos. Es, además, en estos días, la actriz de moda, la protagónica de una nueva temporada de la vieja serie producida desde un antiguo edificio de la avenida Abancay –que antes repartía presupuestos para todo el país (era sede del MEF)– y hoy reparte pedidos de allanamiento y detenciones preliminares y preventivas a diestra y siniestra. Marita Barreto ha desplazado a Rafael Vela en el rol estelar de la saga “Justicia mediatizada”.
Cómo llegó y qué hizo antes
Aunque Marita nació el martes 19 de mayo de 1970 en el distrito de Imperial, en Cañete, vivió desde niña en Huancayo, especialmente entre Sicaya y Chupaca, de donde son oriundos sus padres Viviana Aurelia y Miguel Máximo, éste último fallecido en marzo del 2023, a los 94 años. Duelo que fue compartido por la presidenta Boluarte que le hizo llegar una ofrenda floral. Fue en la incontrastable ciudad donde, la hoy irremplazable fiscal superior provisional, estudió Derecho en la Universidad Privada Los Andes (UPLA). No pasó por las aulas universitarias apenas terminó el colegio, como lo suelen hacer la mayoría de estudiantes, porque su proyecto de vida era otro antes de ser abogada.
Se casó joven, tuvo un hijo a los 24 años e, incluso, incursionó en el negocio de las pollerías por iniciativa de su entonces esposo. La primera relación laboral que Barreto tuvo con el Ministerio Público no fue como abogada, sino como asistente de la función fiscal o secretaria en una fiscalía de la histórica provincia de Concepción, en el Valle del Mantaro. Probablemente su interés por el Derecho nació cuando estuvo en contacto con las denuncias e investigaciones que se realizaban en la fiscalía de Concepción, donde trabajó algunos años, mientras estudiaba en la Facultad de Derecho de la UPLA, en el turno noche, como solían hacerlo los que estudiaban y trabajaban. Recién pudo graduarse como abogada a los 36 años de edad, en julio de 2006.
La vida de Marita Barreto dio un vuelco impresionante cuando decidió mudarse a Lima como consecuencia de un divorcio no tan amistoso con su exesposo y padre de su único hijo. Fiscales que llevan más de dos décadas en el Ministerio Público sostienen que la estrecha amistad de Barreto con el Fiscal Supremo Pablo Sánchez Velarde le permitió ingresar a la institución como fiscal adjunta provincial provisional en el Módulo de Justicia de San Juan de Miraflores. Tenía pocos meses de graduada como abogada pero una gran ambición para iniciar su carrera como persecutora del delito. Algunos años después, su oportunidad de salir del anonimato le llegó.
Fue el llamado “Caso Orellana”. Era el 2014, Barreto había avanzado en su formación académica, acababa de graduarse de Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la fenecida Universidad Alas Peruanas, e iniciaría la mega investigación de una organización a la que se le acusaba de apropiarse de manera ilícita de decenas de propiedades inmuebles públicas y privadas. La cabeza visible de la organización criminal era el abogado Rodolfo Orellana Rengifo.
Según ha contado el defenestrado ex Fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, Barreto tomó la batuta de esta gran investigación fiscal de manera fortuita. Originalmente el caso era investigado por el fiscal provincial Martín Eduardo Egúsquiza Castro, titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Pero, frente a los constantes destapes periodísticos que advertían de una presunta displicencia en esta investigación, Ramos Heredia, todavía Fiscal de la Nación, pidió informes. Pero, el fiscal titular estaba de vacaciones, solo fue a darle razón Marita Barreto, una de las adjuntas.
Ramos decidió convertirla en la responsable de la investigación aun cuando no era fiscal provincial titular. Varios años después, Ramos Heredia se enteraría por versión del hijo de Orellana (Rodolfo Orellana Ramos), que Marita Barreto fue parte del complot contra él en 2014. Según Orellana Ramos, Barreto mandó a su fiscal adjunto para que el líder de la organización (Rodolfo Orellana) firmara un documento, previamente elaborado, donde involucraba al fiscal Carlos Ramos con su organización. Orellana hijo dice que fue una extorsión porque la moneda de cambio era la libertad de la pareja de su padre, la madre de su hermanastra, para quien iban a pedir detención.
Siempre, según la versión de los Orellana, el padre se negó a firmar esa incriminación contra Ramos, y su pareja fue a parar a la cárcel. En ese momento había una guerra intestina por el puesto de Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez estaba interesado en defenestrar a su amigo Carlos Ramos para ocupar el cargo. Este episodio, uno de los primeros de la interminable guerra de facciones al interior del Ministerio Público, ha sido relatado ampliamente por el colaborador Jaime Villanueva Barreto, quien fue hombre de confianza tanto de Ramos como de Sánchez.
En el caso Orellana, Marita Barreto llegó a denunciar a 408 presuntos involucrados, pudo meter a la cárcel preventivamente a una cincuentena de ellos, a quienes después, no les pudieron probar sus delitos hasta que salieron en libertad por exceso de carcelería. Uno de los encarcelados por Barreto fue Benedicto Jiménez Baca, el fundador del GEIN, a quien se le acusó de una amplia gama de delitos, que tampoco se le han podido probar hasta la fecha, salvo el de difamar a una decena de periodistas y al excongresista Víctor Andrés García Belaunde.
Jiménez Baca ha pedido disculpas por las difamaciones, cometidas desde una revista financiada por Orellana que él dirigía, pero niega haber lavado activos o haber cometido los otros graves delitos que Barreto le imputó. Cuando Marita Barreto dejó el caso no se había logrado ninguna sentencia condenatoria contra nadie de la organización y solo había dos encarcelados: los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo. Recientemente el Poder Judicial ha sentenciado a Rodolfo Orellana a 19 años por lavado de activos y a su hermana Ludith a 11 años de cárcel. Esta última pronto podría salir de prisión si no le prueban otros delitos, dentro de las múltiples denuncias (llegan hasta 30) que Barreto presentó en este caso.
El caso Orellana le ha generado múltiples problemas a la fiscal Barreto. Le han criticado desde su estrategia de pesquisa fiscal hasta su poca efectividad para probar el catálogo de delitos que ha imputado a las centenas de investigados. Se le cuestionó seriamente por la pérdida de unos sobres lacrados que se habían incautado en una de las oficinas de Rodolfo Orellana. También ha sido denunciada penalmente por supuestos delitos en el ejercicio de su función, incluso tiene vigente una investigación por lavado de activos. La denuncia se generó porque Barreto construyó una casa de playa en un exclusivo club de Asia, en un terreno que declaró haberlo comprado a solo 60 mil dólares.
Una mujer de poco fiar
Por coincidencia, Patricia Benavides –otra Fiscal de la Nación que, poco después de asumir el cargo, fue defenestrada como Ramos Heredia–, volvió a confiar en Marita Barreto. La ascendió a fiscal superior provisional para nombrarla coordinadora del Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). En su momento, junio de 2021, este nombramiento generó comentarios en un sector de fiscales experimentados. Cuestionaron la calidad técnica y académica de Barreto (recuerdan que en una entrevista televisiva sostuvo que un imputado tiene que probar su inocencia, destruyendo en pocos segundos el dogma universal de la presunción de inocencia) y también su condición de fiscal provincial, asumiendo responsabilidades de un fiscal superior, solo por tener la confianza de la cabeza de la institución. Tanto Patricia Benavides como Marita Barreto formaron parte del círculo de confianza de Pablo Sánchez. Como lo fue Jaime Villanueva, convertido en delator de conductas que hoy se pueden calificar de traicioneras, antiéticas y hasta delictivas del círculo “sanchista” del Ministerio Público.
Como si fuera un patrón de conducta, Marita Barreto terminó denunciando a Patricia Benavides, la fiscal que confió en ella. La acusó de ser la lideresa de una organización criminal multipropósito: su gama delictiva iba desde canjear votos de congresistas, a cambio de dormir o archivar sus denuncias penales, hasta cobrar coimas por las compras de computadoras, pasando por vender puestos y cambios de fiscales al mejor postor. Barreto denunció la organización supuestamente liderada por Benavides pocas semanas después de haberla condecorado por su “gran trabajo como Fiscal de la Nación”, junto a los coroneles Harvey Colchado (René) y Walter Lozano (Bica). Así quedó inmortalizado en una fotografía. Para algunos esta actitud puede ser la muestra de que Barreto no se casa con nadie, que su lucha contra los corruptos es implacable. Caiga quien caiga. Para otros, sin embargo, sería una muestra más de su ambición desmedida por el poder que no conoce de límites. Menos lealtades.
En los casi dos años como coordinadora de Eficcop, la impetuosa fiscal Barreto viene acumulando críticas, cuestionamientos y también denuncias. Se ha cuestionado la facilidad con la que se arman organigramas de supuestas bandas criminales a las que bautizan con creativos nombres. También se ha puesto en tela de juicio el uso y abuso de las detenciones preliminares, de los allanamientos de madrugada y de la calidad de información y evidencias que los aspirantes a colaboradores eficaces dan con el objetivo de exonerarse de una estancia en prisión. En la última operación de alto impacto mediático de
