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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha presentado un proyecto de ley que busca evitar que individuos con sentencias confirmadas o en firme por delitos de corrupción de funcionarios, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, delitos contra la libertad sexual, tráfico de influencias, apología al terrorismo o enriquecimiento ilícito puedan ser fundadores o directivos de partidos políticos.
En la propuesta normativa del organismo electoral también se contempla la suspensión de la participación de un partido en las elecciones si se sabe que alguno de los dirigentes o el fundador ha sido sentenciado por alguno de estos delitos mientras ocupaba el cargo.
Estas restricciones también son aplicables a los fundadores y dirigentes de los movimientos regionales, quienes tampoco deben haber sido sentenciados por casos de corrupción o delitos contra la libertad sexual para poder formar estas organizaciones políticas o participar en las elecciones regionales.
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El JNE fundamenta su propuesta en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2008 estableció que los derechos políticos no son absolutos y pueden limitarse “siempre que la regulación respete los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática”.
La propuesta se presenta días después de que el congresista de la bancada Somos Perú, Luis Cordero Jon Tay, presentara una propuesta que busca permitir que los condenados por corrupción puedan postular a la Presidencia o Vicepresidencia de la República una vez hayan sido rehabilitados.
