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Diversas asociaciones de jueces rechazan un conjunto de leyes aprobadas por el Congreso, argumentando que dificultan la lucha contra el crimen y debilitan la independencia judicial.
Entre las normas criticadas por los operadores de justicia se encuentran la ley que reduce los plazos en los procesos de colaboración eficaz y la norma que impide confiscar material utilizado en minería ilegal. También se critica la norma que limita los delitos de lesa humanidad anteriores al 2002, pues se considera que favorece la impunidad para militares y terroristas acusados de estos crímenes.
Otra norma cuestionada exige la presencia del abogado del investigado durante allanamientos.
En el comunicado se expresa que “todas estas leyes han debilitado el sistema judicial en la lucha contra la criminalidad organizada y han fortalecido a los grupos criminales, por lo que es necesario una revisión exhaustiva o derogación de las leyes sancionadas”.
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Además, se critica que el Parlamento esté tratando un proyecto de ley que busca penalizar con hasta 15 años de prisión a los jueces que emitan detenciones preliminares, prisiones preventivas o penas de cárcel basadas en “declaraciones testimoniales no corroboradas”.
El llamado a derogar estas leyes fue respaldado por la Asociación Nacional de Magistrados, la Asociación Nacional de Juezas del Perú, la Asociación Peruana de Mujeres Juezas y la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia.
Específicamente esta última asociación ha solicitado al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, que convoque a una sesión de la Sala Plena de la Corte Suprema para emitir un pronunciamiento en defensa de la independencia judicial.
