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Mediante un video, la Junta de Fiscales Supremos se refirió al proyecto de ley titulado “Ley que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la policía nacional del Perú y agilizar los procesos penales”.
Villena Campana señala que en las investigaciones contra altos funcionarios que llevan a cabo la fiscalía de la nación y las fiscalías supremas, y las que podrían surgir en el futuro contra presidentes de la república, ministros de estado, congresistas y otros altos funcionarios, ¿deberían investigarse también a través de la policía nacional y sus peritos?
También señala que este proyecto de ley contradice abiertamente el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución Política del Estado, el cual establece que es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público conducir las investigaciones desde su inicio y que la Policía Nacional debe cumplir con sus órdenes en el ámbito funcional.
Agrega que el Congreso pretende hacer efectiva esta ley delegando la investigación preliminar del delito a la policía nacional, lo que obligaría a los fiscales a realizar todas las investigaciones a través de ella. En este contexto, las fiscalías no podrían llevar a cabo directamente investigaciones preliminares.
Asimismo, destaca que las pericias y exámenes criminalísticos oficiales serían realizados por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional de Perú o sus oficinas descentralizadas, y no por las unidades periciales del Ministerio Público.
Se evidencia que el objetivo de esta normativa inconstitucional es que todas las investigaciones estén bajo la dirección del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, al cual está subordinada la Policía Nacional del Perú. Esto va en contra de la independencia institucional del Ministerio Público, la separación efectiva de poderes y la verdadera democracia, advierte.
También menciona que el Ministerio Público ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto a algunos decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo, la cual está próxima a ser resuelta en una audiencia.
El titular del Ministerio Público señala que es insostenible atribuir a la policía nacional la dirección de la investigación preliminar, ya que su personal no está adecuadamente capacitado ni se le han proporcionado los recursos logísticos y operativos necesarios durante décadas para llevar a cabo una labor investigativa eficiente. Esto ha sido evidenciado en informes de la Defensoría del Pueblo desde 2012 respecto a la situación real de la Policía Nacional.
Por ejemplo, recuerda que un informe llamado “Por una atención policial de calidad con respeto de los derechos fundamentales”, luego de supervisar los departamentos de investigación criminal a nivel nacional en los años 2018 y 2019, recomendó, entre otras cosas, mejorar la infraestructura del 87% de los departamentos de atención urgente, atender con prontitud las necesidades logísticas e implementar oficinas de criminalística a nivel nacional.
