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La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó, en segunda votación, el dictamen que propone modificar el Código Penal, la Ley contra el Crimen Organizado y la Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, con el fin de determinar las características necesarias para definir una organización criminal.
Con esta modificación, presentada por el congresista Waldemar Cerrón, se define como organización criminal “a todo grupo con una estructura compleja y capacidades operativas significativas, compuesto por tres o más personas estables, permanentes o indefinidas, que de forma coordinada y concertada realizan tareas relacionadas entre sí para cometer delitos con penas de prisión superiores a seis años con el objetivo de obtener ganancias económicas”.
También se establece que el fiscal puede solicitar al juez penal el bloqueo e inmovilización de cuentas, excepto aquellos fondos necesarios para la subsistencia del investigado, como pensiones por jubilación y salarios reconocidos.
Además, se determina que esta medida no puede exceder los 15 días, y de manera excepcional puede extenderse por otros 15 días más, con autorización del fiscal provincial y una resolución motivada del juez penal.
En cuanto a los allanamientos en propiedades o lugares cerrados que no sean casos de flagrante delito, se llevarán a cabo en presencia del interesado y su abogado. “En caso de no contar con representación legal, se proporcionará un abogado de oficio. Tanto la solicitud como la resolución judicial deberán especificar claramente el propósito del allanamiento y registro”.
Finalmente, el congresista Américo Gonza Castillo (PL), presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, destacó que el objetivo de la propuesta es garantizar la impartición de justicia.
