La Corte Interamericana de Derechos Humanos culpa a Argentina del atentado contra la AMIA en 1994

La Corte Interamericana de Derechos Humanos culpa a Argentina del atentado contra la AMIA en 1994

MADRID, 14 de junio (EUROPA PRESS) –

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizó este viernes al Estado argentino del atentado cometido en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires por no haber adoptado las medidas adecuadas para prevenir el ataque, que causó 85 muertos y cientos de heridos.

Por lo tanto, la corte señaló en un comunicado que Argentina es responsable de “no haber tomado medidas razonables para evitar el atentado, que cumplirá 30 años en julio, y por no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo correspondiente el atentado y su encubrimiento”.

La jueza Nancy Hernández López expresó durante la lectura del fallo de la corte que a partir de la denuncia presentada cinco años después del atentado por los familiares de las víctimas, se puede concluir que Argentina “tampoco garantizó un acceso real a la documentación” sobre lo ocurrido ese día.

“Se determinó la violación del derecho a la verdad por las múltiples deficiencias en la determinación de la verdad histórica sobre el atentado y sobre la responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento”, recoge el texto, que destaca la existencia de dificultades por parte de los familiares para acceder a la información relevante.

De este modo, la corte decidió por unanimidad señalar la responsabilidad del Estado argentino y determinar su implicación en la violación de los derechos a la vida e integridad personal, en perjuicio de las víctimas del atentado.

Como consecuencia de esta sentencia, el tribunal ordenó a Argentina eliminar “todos los obstáculos que mantienen la total impunidad en este caso” y exhortó al país a iniciar y reabrir “las investigaciones necesarias para enjuiciar y sancionar a los responsables de los hechos y esclarecer la verdad de lo ocurrido”. Además, otorgó al país un plazo de un año para rendir cuentas ante el tribunal y poner en marcha las medidas adoptadas.

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