La entrevista del domingo | César Candela de la SNCI: “Los bancos no han reducido sus tasas de interés porque el señor Velarde no baja la tasa de interés”

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El abogado César Candela es el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), que comparte su liderazgo con Roque Benavides y Carlos Neuhaus. Antes de las fiestas patrias y en un contexto donde los empresarios ingresan -o reingresan- a la arena política, Candela ofrece un análisis de los desafíos para incentivar la inversión y el crecimiento en el país. 

¿Cuál es el propósito de crear un nuevo comité de Hotelería y Turismo en la SNCI, si ya existen otros gremios?

En principio, reaccionar ante el espacio dejado por otros gremios. Surge para pronunciarse sobre las medidas del Gobierno central, las propuestas de ley debatidas o aprobadas por el Parlamento. Muchas actividades son complementarias a la infraestructura. No serviría de nada tener atractivos turísticos como La Huaca del Sol y la Luna, Chan Chan, Machu Picchu o Choquequirao si no hay vías de acceso adecuadas. Tampoco sería útil tener una ciudad perfectamente planificada como Ayacucho si la carretera Libertadores no recibe mantenimiento y si hay 20 muertes en una semana.

Los empresarios deben ser los primeros en reclamar.

Correcto. Además, deben enfrentar las barreras burocráticas que requieren regulaciones. Es crucial estandarizar los criterios de evaluación a nivel municipal en cuanto a inspecciones y reducir procedimientos para evitar la sobrecarga de trámites que desalientan a los inversionistas a expandir sus proyectos a corto, mediano y largo plazo en beneficio del país. Aún no hemos recuperado el nivel de turistas que teníamos antes de la pandemia, a pesar de la riqueza cultural en gastronomía, infraestructura y sitios arqueológicos, así como del próximo aeropuerto nacional. Se desconoce cuáles serán las vías de acceso al aeropuerto. El comité es presidido por Ignacio Mendoza, gerente de un hotel cinco estrellas de renombre nacional e internacional, lo que generará una atracción significativa.

“Existe silencio en otros gremios respecto a pronunciarse sobre las medidas del Gobierno y el Parlamento”.

El otro nuevo comité es el de Minería, presidido por Roque Benavides, una figura de referencia para el sector.

Roque y otros miembros del gremio tienen mucho que aportar y expresar. Se unen a nuestro gremio ante la falta de voces representativas que se han enquistado en su ciclo comercial y no salen a exigir lo necesario para mejorar el desempeño de sus actividades. Incluso las empresas de diversos tamaños, así como la ciudadanía, necesitan participar para mejorar el desarrollo del país. La minería tiene US$30 mil millones en proyectos paralizados. No se escucha una voz de protesta, y si se escucha, es muy débil. Creo que al tener dos o tres voces hablando al mismo tiempo, lograremos una mejor atención. Y si además hay propuestas trabajando y mostrando interés en el Parlamento y el Ejecutivo, contribuiremos para avanzar y empujar el vehículo llamado Perú hacia la implementación de medidas más importantes en un momento crucial.

Se está evaluando la situación con Tía María. ¿Las protestas convocadas en estos días definirán su destino?

Por supuesto, la inversión no debe ser motivo de alarma. Es una forma de generar desarrollo en un país que busca atraer interés de manera constante. El año pasado fue difícil, pero este año estamos experimentando un crecimiento. Debemos recuperar el tiempo perdido debido a la falta de unidad y a la gran polarización. Actualmente, tenemos 30 partidos políticos en la contienda, lo que refleja un desorden legal y un marco negativo que impide alinear las corrientes necesarias para generar mayor inversión y empleo en el país.

Los empresarios reconocen que actualmente son mejor recibidos en comparación con el caos del gobierno anterior. ¿Pero eso es insuficiente, cierto?

No basta con escuchar. Es necesario concretar y encontrar la manera de hacerlo. En cualquier gobierno, esto se logra a través de medidas. Si se quiere cambiar el régimen de pensiones, tributario, laboral, infraestructura, obras por impuestos, el régimen aplicable a los hoteleros o cualquier régimen, es necesario hacerlo a través de normativas. Si se leen los diarios oficiales diariamente, lo único que se observa son viajes de funcionarios, designaciones o cambios. No se ven las leyes que se aplican en beneficio de todos. Las intenciones de la presidenta y los ministros pueden ser buenas, pero lo que importa son las medidas aprobadas. En este momento, los gremios son llamados a presentar propuestas. Algunos podrán decir que esa es responsabilidad del gobierno, y sí, pero todos somos peruanos y si ellos no lo hacen, nosotros debemos hacerlo.

“La minería tiene US$30 mil millones en proyectos paralizados. No escucho una voz de protesta y si la escucho está muy baja”.

Sin embargo, en los últimos días, se han observado casos que refuerzan estereotipos de oposición a la inversión, como el cartel de las medicinas y aseguradoras que buscan eludir sus responsabilidades a través de lobbies en el Congreso. Muchos opinan que en Perú prevalece el mercantilismo sobre la economía de mercado.

La pandemia dejó en evidencia que el principal comprador en el Perú es el Estado peruano. Si deseas venderle al Estado peruano bienes, servicios o construir para él, debes tener en cuenta que el dinero del Estado es público y no se obtiene fácilmente. Sin embargo, también es necesario comunicar al Estado que, si desea recibir un buen servicio, un bien de calidad y un constructor competente, debe generar confianza y estabilidad. No hay confianza de ninguna de las partes. Debemos mediar, señalar al sector público y privado cuando están actuando incorrectamente. Si otros gremios no lo hacen, debemos tomar la iniciativa. Algunos pueden preguntar por qué ningún miembro del Consejo Directivo, ni Roque, ni Carlos Neuhaus, ni yo mismo, tenemos empresas de construcción. Pero ante la necesidad de cubrir US$100 mil millones en infraestructura pública para el 2034, como peruano me pregunto, ¿quién debe alzar la voz?

“Para el gobierno no basta con escuchar. Lo que hay que hacer es concretar y encontrar la forma de concretar”.

¿Cómo deberían tratarse los casos de abuso que han salido a la luz?

Es un tema grave. La legislación penal sanciona a quienes cometen delitos. Dentro de nuestro gremio, no permitiremos que ninguna empresa cometa actos delictivos. Estos deben ser sancionados. Ningún privado debe aprovecharse del dinero público ni ningún funcionario del Estado debe abusar de su posición para ejercer influencia.

En particular, el caso de las aseguradoras nos lleva al tema de una economía muy concentrada, al igual que en el sector financiero.

Los bancos no han reducido sus tasas de interés porque el señor Julio Velarde, por razones inexplicables, no reduce la tasa de interés. Las cajas acaban de anunciar que retirarán sus tarjetas de crédito, lo que obligará a los bancos a bajar sus tasas de interés. Es una buena noticia. Las garantías previstas en la nueva Ley General de Contrataciones ya no se limitan solo a cartas fianza. Ahora se incluyen pólizas de caución e incluso fideicomisos. También se ha propuesto incluir el factoring, medidas innovadoras que deben implementarse para brindar mayores posibilidades. Los bancos deben proporcionar liquidez a las empresas y no restringir el crédito. Incluso el Estado está asumiendo más riesgos al utilizar el adelanto de pagos como garantía para que las empresas puedan competir en licitaciones con mayor confianza. Sin embargo, no es aceptable que los bancos se centren únicamente en su negocio. Todos somos parte de un solo país y si los bancos desean generar beneficios, como cualquier empresa privada, deben hacerlo considerando el bien común. Por otro lado, en el arbitraje y en la Junta de Resolución de Disputas, es inaudito que el Poder Ejecutivo no haya observado el artículo de la Ley de Contrataciones, que establece que en arbitrajes superiores a S/.10 millones, solo los centros de arbitraje con cinco años de experiencia podrán administrarlos. Esto limita el mercado y la participación de nuevos centros como el de nuestro gremio o de la Sociedad Nacional de Industrias, así como universidades prestigiosas, en la administración de arbitrajes. Esto significa que no podremos ofrecer precios más bajos ni a las empresas estatales ni a ningún proveedor a nivel nacional.

“La nueva Ley General de Contrataciones es muy positiva, pero requiere cambios urgentes”.

¿Observas una mayor apertura en otros mercados y países?

Suele ocurrir que aquellos que venden a unos pocos desean seguir haciéndolo. Sin embargo, en un país en desarrollo donde falta infraestructura y donde el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas son mecanismos alternativos a un Poder Judicial deficiente y lento, no podemos permitirnos tener obras paralizadas por casi 35 mil millones de soles, donde la mayoría corresponde a arbitrajes. Esto debe cambiar. Personalmente, Roque, Carlos y yo nos oponemos a los oligopolios, también en el ámbito arbitral. Es necesario que cobren, pero también que permitan la apertura de nuevos centros con certificaciones contra el soborno, de calidad y con personal debidamente capacitado. ¿Por qué favorecer a solo 3 o 4 centros?

El músculo de la construcción nacional fue diezmado por Lava Jato. Lo que subsiste es el Club de la Construcción chino. ¿Qué hacer para recuperar la vitalidad entre los empresarios nacionales?

En el ámbito de la infraestructura y la construcción, la nueva Ley General de Contrataciones es muy positiva. Debo felicitar tanto al Parlamento como al Ejecutivo por el trabajo incorporado en esa ley. Sin embargo, también es necesario señalar lo que no está correcto. Hay tres o cuatro aspectos que cambiaría. En primer lugar, la garantía para apelaciones. La reducción de la garantía del 3% de carta fianza del monto referencial del proyecto al 0.5% podría paralizar muchas obras. Es necesario ser serio y establecer un costo para apelar, ya que la apelación suspende el contrato hasta por dos meses, lo que paraliza las obras en gran medida. Es inconveniente. En segundo lugar, está el tema de los centros de arbitraje mencionado anteriormente y en tercer lugar, el bono propuesto en la Comisión de Descentralización, que se aplicaría solo a los funcionarios al firmar contratos. Los funcionarios no lideran los comités, sino los servidores públicos. Es un error en la redacción de la norma y se presentará un proyecto de ley con estos cambios. Más allá de esto, la norma incorpora acuerdos gobierno a gobierno, haciéndolos más formales, así como contratos y otros de índole internacional que puedan ser utilizados. También se incluyen los utilizados en los Juegos Panamericanos, por ejemplo, y aquellos en la Autoridad Nacional de Infraestructura. También se introduce el sistema BIM, que reemplaza al Corel y requiere una capacitación a nivel nacional. También se establece la Junta de resolución de disputas y nuevas garantías. En general, considero que la norma es muy positiva y ayudará a revitalizar la industria nacional de la construcción. La clave es explicar y difundir ampliamente esta figura, para que las empresas estén informadas, no solo en el ámbito de la construcción en general, sino también en las contrataciones de bienes y servicios.

El contralor Nelson Shack mencionó que las constructoras chinas no participan en convenios gobierno a gobierno, dado que no cumplen con muchos estándares.

A pesar de ello, participan según la Ley de Contrataciones vigente, ya que cuentan con el respaldo de la banca china, que sabemos es prominente. Siguen ganando concursos al trabajar en convenios con organismos internacionales. Es importante recordar que hay varios marcos para ejecutar obras en el Perú. Uno de ellos es la Ley General de Contrataciones, otro son los modelos de APPs o asociaciones público-privadas, así como concesiones en infraestructura, obras por impuestos y proyectos en activos, como el caso del mall de Salaverry. En este marco de variedad, es complicado el control.

La Sociedad Nacional de Industrias indica la necesidad de establecer zonas económicas exclusivas con importantes beneficios tributarios en los primeros años para incentivar la inversión en torno a proyectos como Chancay. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

El Ejecutivo ha anunciado que emitirá decretos legislativos para regular el desarrollo urbano y territorial en relación con el Hub de Chancay, ya que actualmente carece de regulación. También es esencial desarrollar la infraestructura pública a su alrededor, incluidos los corredores que conducen a Brasil. Se habla mucho sobre tema ferroviario, pero aún no hay avances concretos. Recién se están preparando los expedientes técnicos. Es necesario aterrizar las ideas, ya que simplemente soñar no es suficiente. Se necesita acción concreta. En este caso, la obra para el tren está por inaugurarse.

Diriges un gremio con dos “presidenciables”. Tú mismo tienes experiencia en el gobierno de Alan García. En tu entorno, hay figuras como el ex vicepresidente Ricardo Márquez. Con Neuhaus está Fernando Cillóniz del PPC. Y destaca Carlos Añaños en ese círculo. ¿Qué crees que sucederá con ese sector en las próximas elecciones?

Es importante pensar en grande. Aún hay incertidumbre sobre las posiciones que adoptarán. Existe un sector en el país que ve con recelo a los empresarios, incluso a aquellos que trabajamos cerca de ellos, así como a los microempresarios, quienes ven con malos ojos el éxito de las empresas y utilizan ese mensaje para dividir al país. La pandemia nos ha enseñado que lo importante es el compromiso de trabajar cuando ya no estemos en este mundo y parece que no hemos aprendido la lección. Parece que no entendemos que, independientemente de nuestro lugar en la sociedad, todos tenemos la responsabilidad de contribuir. No se sabe con certeza quién de los mencionados será finalmente candidato. Pero más allá de eso, considero que Perú debe superar la polarización. Los candidatos deben ser responsables, ya que el ganador representará a más de 30 millones de personas.

Sin embargo, esta tienda no se está asociando ni con el fujimorismo ni con Acuña. ¿Cuál es la razón detrás de esta decisión?

Es importante explicarlo. A algunos empresarios o gremios no les agrada hablar de política, lo cual ha sido un error. Es necesario abordar estas cuestiones. Se debe buscar un equilibrio en la distribución de la riqueza en Perú. Se debe garantizar que aquellos que carecen de oportunidades puedan acceder a ellas.

Ningún país puede soportar las desigualdades que enfrentamos.

Sin duda, sin duda.