La Entrevista del Domingo | Sola y aislada

126

Entrevista: ENRIQUE CHÁVEZ

Con los dos volúmenes del Régimen Jurídico del Poder Ejecutivo (Gaceta Jurídica, 2024, en colaboración con Armando San Román), el constitucionalista y máster en Compliance Normativo Penal Juan Jiménez aborda en profundidad lo que califica como la soledad presidencial.

¿Cuáles son las grandes carencias de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE)?

Hay varios problemas con la LOPE que viene del 2017. Se dio básicamente para adecuar la arquitectura del Estado al proceso descentralizador. Los roles del Ejecutivo y los ministerios eran absolutamente distintos de como los hemos concebido. En la época de Fujimori se centraliza el Estado, se elimina el proceso descentralizador de los años 80 y se crean estos órganos transitorios que eran básicamente oficinas del Poder Ejecutivo en las regiones. Esto cambia. Desafortunadamente la descentralización que tiene más de 20 años no ha cumplido los objetivos. La Ley de Acreditación de Gobiernos Regionales requería que se acrediten las capacidades de los gobiernos regionales para asumir competencias en salud, educación, transporte, las funciones básicas que tiene el Estado. Pero en el año 2008 una directiva de la Secretaría de Descentralización cambia el modelo y transfiere más del 90% de competencias del Gobierno central a las regiones. Esto generó un caos. De un momento a otro las regiones se vieron con muchas competencias, sin las capacidades adecuadas y por supuesto, sin los controles, porque la Contraloría no se descentralizó. Una fórmula perfecta para desarrollar la corrupción en un periodo de muchísimos recursos. El presupuesto público del año 2004 era de S/.44 mil millones. Hoy es de S/.252 mil millones.

¿La ruta más deseable sería una recentralización?

Es muy difícil contestar eso. De hecho, lo que ha venido pasando es que el Estado central paulatinamente ha vuelto a centralizar algunas funciones, aunque no en la magnitud que se hubiera esperado. Por ejemplo, se han creado programas de infraestructura educativa y de salud en esos ministerios. Igual que Provías Nacional, que tiene una implicancia para que sea el gobierno central el que desarrolla la infraestructura.

¿Y ahora con el proyecto de ministerio de Infraestructura?

Habrá que ver el debate en torno a las competencias regionales para determinados niveles de infraestructura. La Autoridad Nacional de Infraestructura ya centraliza infraestructura superior a S/.200 millones. Unos dicen que se debe recentralizar. Y la expectativa de las regiones es pasar más bien a otro nivel de descentralización fiscal para directamente recaudar impuestos y determinar con esos presupuestos lo que quieran hacer sin mayores controles.

¿Están preparados para algo así?

Creo que no. Hay un problema no solamente en el caso de los gobiernos subnacionales, sino también en el gobierno nacional que es el Servicio Civil, que no es profesional. Por ejemplo, durante la pandemia la política la tenía que fijar el Ministerio de Salud. Sin embargo, las regiones estuvieron bastante distantes de sus directivas. En el caso de Arequipa el Gobierno Nacional tuvo que modificar dos veces la Ley Orgánica del Ministerio de Salud para enfatizar el rol directivo del Ministerio y poder intervenir el gobierno regional. Fíjate el drama. No existe norma en la Ley Orgánica de Descentralización para establecer la posibilidad de intervenir un gobierno regional que no está funcionando. Si un municipio se ve absolutamente desbordado por la incapacidad, un gobierno provincial sí puede intervenir. Pero en el caso de las regiones el Gobierno no tiene esa facultad. Con Arequipa lo hizo a través de un decreto de urgencia, que es un asunto absolutamente impertinente, jurídicamente cuestionable.