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Se necesitó solo una inferencia, no una certeza, del Equipo de Asesoramiento Inmediato de la Comandancia General de la Policía Nacional para concluir que el grupo policial que apoyaba al Equipo de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) cumplían la misma función. La lógica fue la siguiente: si la Diviac y el equipo policial encabezado por el coronel PNP, Harvey Colchado, utilizaban la inteligencia como método de investigación, entonces había duplicación de funciones.
Un párrafo en un informe de tres hojas fue suficiente para llegar a esa conclusión.
El informe n30-2024-CGPNP/SEC-EQUASINM fue elaborado por el coronel PNP Miguel Ángel Zárate Páucar, jefe del equipo que asesoraba al comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, el 25 de abril pasado, casi un mes después del allanamiento de la vivienda de la presidenta Dina Boluarte. El proceso que siguió fue veloz, tanto que en dos días se obtuvo la base legal necesaria para justificar la resolución que disolvió el grupo policial que apoyaba a los fiscales contra la corrupción del poder.
El documento recomendaba al entonces ministro del Interior, Walter Ortiz, tomar conocimiento de la supuesta duplicidad de funciones, esfuerzos y medios entre la Diviac y el grupo policial de apoyo a Eficcop para que reevaluara su creación y composición.
El informe fue elevado al Ministerio del Interior (Mininter) el mismo 25 de abril. Ese mismo día, la Oficina General de Asesoría Jurídica del sector solicitó a la Comandancia General PNP que enviara los informes técnicos y la opinión legal que respaldaban la creación del grupo policial liderado por Colchado. Al día siguiente, el 26 de abril, se emitió el informe legal n03-2024-SECEJE-PNP/DIRASJUR-SEC que concluyó que la Dirección de Asesoría Jurídica de la Policía no emitió ninguna opinión legal que justificara la creación de dicho equipo de trabajo.
El experto en derecho policial, Stefano Miranda, explicó a CARETAS que esta deficiencia, que podría haberse corregido, no se hizo.
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El 27 de abril, se emitió el informe n196-2024-SECEJE-PNP/DIRPLAINS-DIVMDI en el que la División de Modernización y Desarrollo Institucional de la Policía señaló que tampoco emitió una opinión técnica para respaldar la creación del equipo policial de apoyo a Eficcop.
Este informe fue firmado por el coronel PNP, Óscar Arones Canova, a quien el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria del Callao impuso la comparecencia restringida en septiembre de 2020 por estar bajo investigación por el supuesto direccionamiento en la compra de mascarillas y equipos de bioseguridad para la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) por S/ 2 000 000 a favor de la empresa Ka’linson Perú SAC.
Con los informes listos, el 8 de mayo la Comandancia General envió el oficio 081-2024-SECEJE-PNP/DIRASJUR-SEC a la Oficina General de Asesoría Jurídica del Mininter. En este documento se informó de la “duplicidad” de funciones entre el grupo de apoyo a Eficcop y la Diviac, así como que los registros de la Policía no tenían el oficio 41-2022-FSC-EFICCOP-MP-FN, que asignaba personal de la Policía a este equipo fiscal. Al día siguiente, el ministro Ortiz disolvió este grupo a través de una resolución ministerial.
Miranda sostiene que para concluir que había duplicidad de funciones y recursos entre ambas dependencias policiales, se debió llevar a cabo un análisis imparcial que transmitiera información objetiva sobre la efectividad de esa unidad.
Aunque los focos se dirigieron a Walter Ortiz como el responsable de disolver el grupo policial de apoyo a Eficcop, el especialista indica que el encargado de disolver las unidades policiales es el comandante general Víctor Zanabria y que el equipo tuvo que disolverse mediante una resolución ministerial porque fue creado con este mismo dispositivo legal.
Para el abogado Stefano Miranda, el jefe de la Policía “actúa como títere” de la presidenta Dina Boluarte para mantener su puesto, ya que, a pesar de que el Congreso aprobó una ley que establece la permanencia de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía en dos años, esta no ha sido reglamentada.
“Si no cumple con lo que -Dina Boluarte- quiere, se va”, comentó el experto.
Según Miranda, la consecuencia de la disolución de ese equipo es que a partir de ahora habrá supervisión en una unidad que debía ser independiente debido a que investigaba casos de corrupción relacionados con personajes con poder político o económico.
También explicó que no había duplicidad en la asignación de recursos, ya que esto se reflejaba en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Policía establecido el año anterior. El exministro del Interior, Mariano González, también señaló que no hubo duplicidad en el presupuesto, ya que provenía de lo establecido en la Diviac.
