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Por: Abogados Víctor López García, Armando Núñez Peralta
Nuestra sociedad enfrenta una ola de prácticas extorsivas y cobros que han alcanzado niveles alarmantes; tanto que se ha convertido en el tema principal en la agenda política de nuestras autoridades. Ante el aumento de estas prácticas criminales y la inacción de las instituciones públicas, ha surgido un sentimiento de inseguridad y preocupación en la ciudadanía.
El paro nacional de los transportistas
El sector de transporte ha sido gravemente afectado por estas prácticas delictivas; más de diez empresas de transporte público son amenazadas y atacadas constantemente por bandas de extorsionadores. Lamentablemente, se han reportado tres muertes de conductores a manos de sicarios que siguen las órdenes de estos grupos criminales, generando terror en nuestro país.
Ante esta situación, los gremios de transportistas en Lima Metropolitana decidieron realizar un paro indefinido debido a la falta de acción de las autoridades locales para hacer frente a la criminalidad.
Estado de emergencia en los distritos de Lima y Callao
Para abordar esta problemática, el gobierno ha decretado el estado de emergencia en Lima y Callao para combatir el aumento de la extorsión y sicariato. Esta medida se extenderá por 60 días hasta el miércoles 27 de noviembre. Los distritos involucrados desde el 28 de setiembre son: Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho – Chosica, Ventanilla – Callao, Santa Rosa y Rímac.
Se está evaluando la posibilidad de instaurar un toque de queda en algunos distritos en estado de emergencia, suspendiendo temporalmente derechos fundamentales como la libertad de tránsito y reunión de los ciudadanos.
La ley de Terrorismo Urbano
Además de las medidas anteriores, el grupo parlamentario de Renovación Popular, liderado por la congresista Noelia Ross Vith Herrera Medina, ha presentado un proyecto de ley que busca sancionar con cadena perpetua los delitos de extorsión y terrorismo urbano contra individuos y empresas.
Este proyecto propone modificar el artículo 200° del Código Penal para aumentar la pena a cadena perpetua para extorsionadores cuando la víctima es una persona física o jurídica. También propone introducir un nuevo artículo, el 317-C, que tipifica el “terrorismo urbano” como un delito que genera temor e inseguridad en la población, afectando principalmente a empresas.
Ante esto, la pregunta que surge es ¿estas propuestas legislativas generarán un cambio significativo para combatir la criminalidad? El Código Penal ya contempla penas severas para la extorsión. En nuestra opinión, el problema radica en la operatividad de la Policía Nacional del Perú, que debido a limitaciones logísticas, no puede combatir eficazmente la criminalidad. Por lo tanto, consideramos que el gobierno debería asignar más recursos para equipar a la Policía Nacional y enfrentar la criminalidad de manera efectiva.
