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El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que busca sancionar el bloqueo de carreteras con una pena que va desde 10 a 15 años de prisión.
Esta sanción se propone como una modificación al delito de extorsión. “El que, por medio de violencia o amenaza, ocupando locales, bloqueando vías de comunicación o impidiendo la libre circulación de la ciudadanía, o perturbando el normal funcionamiento de los servicios públicos (…) con el propósito de obtener de las autoridades algún beneficio o ventaja económica indebida u otra naturaleza, será castigado con una pena privativa de libertad que no será menor a 10 años ni mayor a 15 años”, indica la propuesta.
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La iniciativa del gobierno de Dina Boluarte fue presentada al Congreso el mismo día en que el Pleno tiene programado discutir y votar la Ley de Terrorismo Urbano, que aumentaría las sanciones por los delitos de sicariato y extorsión.
De hecho, la propuesta legislativa del Ejecutivo también propone aumentar las penas de prisión por extorsión (no menos de 15 años ni más de 20 años de cárcel) y sicariato (no menos de 30 años).
En el caso de los funcionarios con poder de decisión que participen en una huelga para obtener alguna ventaja, se les impondrá una pena no menor de 25 años ni mayor de 35 años de prisión.
