María Corina Machado y Edmundo González advierten que considerarán “nula” cualquier sentencia emitida por el Supremo para “validar el fraude”

María Corina Machado y Edmundo González avisan de que verán “nula” cualquier sentencia del Supremo para “validar el fraude”

(EUROPA PRESS) – Los principales líderes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, han instado al Consejo Nacional Electoral (CNE) a “hacer valer” los votos depositados por la ciudadanía el 28 de julio y a asumir el “futuro democrático” del país, criticando el proceso abierto en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y anticipando que cualquier decisión que intente “validar el fraude” será “nula”.

“Como hemos reiterado en diferentes comunicados, la Sala Electoral del TSJ no puede asumir funciones y poderes del organismo electoral, ya que no le corresponden”, han expresado Machado y González en un comunicado firmado por la Plataforma Unitaria, que incluye a los principales partidos de la oposición en Venezuela.

Bajo este frente unido, González Urrutia se postuló para las elecciones presidenciales, cuyo resultado actualmente está en duda. Según el CNE, el ganador fue el actual presidente, Nicolás Maduro, aunque desde la oposición se sostiene que” el pueblo decidió que el nuevo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2025-2031 es Edmundo González Urrutia”.

“La voluntad del pueblo no puede ser ignorada por nadie, independientemente de su posición de poder, ni por ningún órgano del poder público, y mucho menos por quienes buscan aferrarse al poder”, han indicado los líderes opositores.

Han destacado que es competencia del CNE publicar las actas que certificarían los verdaderos resultados de las elecciones, un llamamiento al que se han unido numerosos gobiernos internacionales en las últimas semanas, incluidos los de España y Estados Unidos.

La oposición ha enfatizado que la Sala Electoral del TSJ no tiene la autoridad para dictaminar y, de hacerlo, “estarían violando el principio de separación de los poderes públicos”. Cualquier sentencia sería “ineficaz y nula”, y implicaría responsabilidades civiles y penales para los magistrados.

“Exigimos transparencia y estricto cumplimiento del Estado de Derecho. No toleraremos la judicialización del cambio democrático decidido por el pueblo”, han subrayado, agradeciendo también a los países que han expresado su apoyo en la misma dirección.

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