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La intención del Gobierno de establecer el Ministerio de Infraestructura comienza a generar posturas. Según la última encuesta de Datum, el 52 % de los peruanos se opone a la propuesta de la presidenta Dina Boluarte y solo el 2 % consideró que se trató de un anuncio importante. Sin embargo, además del rechazo ciudadano, los aspectos técnicos de la iniciativa preocupan a los expertos.
La especialista en gestión pública, Karla Gaviño, cuestionó el propósito de la creación de la nueva cartera. “Lo que está sucediendo es que están anunciando nuevamente una reforma importante en el manejo de la institucionalidad pública que no se basa en un análisis de gestión de políticas públicas debidamente fundamentado, sino en una coyuntura de una necesidad de tener anuncios políticos. De ahí partimos con el mismo talón de Aquiles de la Autoridad Nacional de Infraestructura”, explicó a CARETAS.
La economista advirtió la necesidad de que haya especialización en los diferentes ámbitos que abarcará el nuevo ministerio, ya que el riesgo es que los nuevos colegios, hospitales y vías de comunicación no sean construidos adecuadamente.
Asimismo, estimó que sería más conveniente que la propuesta sea analizada por un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso, ya que las reformas importantes suelen hacerse al inicio y no al final de las gestiones porque una nueva administración podría revisar y replantear todo lo hecho por la gestión saliente.
La concentración de unidades ejecutoras, sumada a la necesidad de un gran aparato especializado para llevar adelante los proyectos de infraestructura nacional, convertiría la cartera en un “mega ministerio” que, además de representar un reto para la gestión pública, también deberá prever las medidas necesarias para que no se paralicen las obras en curso.
Para evitar los casos de corrupción, se deberán fortalecer los Órganos de Control Interno de la cartera y sus respectivas unidades ejecutoras y articular con la Contraloría para que haya procesos concurrentes que fluyan adecuadamente y no paralicen las obras.
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Una posición similar tuvo el experto en políticas y gestión educativa, Paul Neira, quien consideró que no se puede permitir que solo se haga un trasvase del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) al Ministerio de Infraestructura sin replantear su rol y sus procedimientos para evitar repetir los errores.
El especialista apuntó que el área del nuevo ministerio encargada de la infraestructura educativa debe tener una visión distinta para utilizar de manera eficiente su presupuesto, que actualmente es de S/ 6500 000 000 para la construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa.
“Uno de los grandes problemas que tiene el Pronied son los expedientes técnicos de los colegios que están mal armados o desactualizados, lo que genera que cuando se lanza a concurso hay sobrecostos y problemas legales”, afirmó.
El nuevo Ministerio de Infraestructura también deberá tener en cuenta la brecha en infraestructura educativa que superaría los S/ 185 000 000 000 que podrían resolverse aplicando mecanismos como obras por impuestos o asociaciones público-privadas.
En general, Neira consideró que si el Ministerio de Educación se libera de la tarea de convocar licitaciones para la construcción de infraestructura, podría centrarse en cerrar la brecha de aprendizaje de los estudiantes y capacitar adecuadamente a los maestros.
Corresponderá a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, presidida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), iniciar el debate sobre esta propuesta de ley.
