19
El contralor general de la República, Nelson Shack, está en el tiempo extra de su gestión. Después de cumplir siete años en el cargo, Shack ha trabajado con seis presidentes. Ahora espera que el Congreso designe a su sucesor, ya que la reciente ley 32073 le obliga a permanecer en el cargo hasta que esto suceda. CARETAS conversó con el contralor en la Escuela Nacional de Control, luego de presentar el último Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (Inco).
El jueves 11, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un comunicado advirtiendo sobre un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para que el Congreso apruebe una serie de créditos suplementarios asociados con mayores gastos. En la lista se incluye una disposición que limita la capacidad operativa de la CGR, lo que genera el riesgo de que las inversiones actuales y futuras no sean controladas adecuadamente, no se detecten irregularidades ni se emitan las alertas necesarias para prevenir casos de corrupción. La novena disposición modifica nuestra autonomía al condicionar el presupuesto de las atribuciones constitucionales de control.
Esta disposición, introducida aparentemente de manera sorpresiva, busca reducir el presupuesto destinado al control concurrente de la Contraloría del 2% de las obras controladas al 0.5%. El proyecto de ley, que debe ser votado por la Comisión Permanente antes del viernes 19, según denuncia la institución, introduce una reducción significativa en el financiamiento del control concurrente, a pesar de que esta modalidad ha demostrado un ahorro al país de más de 1000 millones de dólares en los últimos cinco años y ha acelerado las inversiones bajo este control en un 30%.
La CGR advierte que, de aprobarse esta disposición, se desmontarían los Órganos de Control Institucional (OCI) y se despedirían miles de auditores a partir de enero de 2025. Recientemente, la CGR dispuso que más de 690 OCI dejaran de depender administrativamente del Poder Ejecutivo, fortaleciendo así la autonomía, ya que el controlado dejará de pagar los salarios de los auditores. “Este proceso se verá truncado si se aprueba la novena disposición complementaria modificatoria”, destaca la CGR, que también señala que las intervenciones de control pasarían de 56 mil realizadas en 2023 a solo 14 mil de promedio. La cobertura de control, que actualmente es del 67%, caería al 27%, niveles similares a los de 2017.
“Alertamos sobre cualquier intento subalterno de condicionar el control en función de intereses ajenos al verdadero bienestar de los peruanos”, concluye la Contraloría. Y su titular es igualmente enfático.
–¿Cuáles son las principales tendencias del Inco 2023?
Es sorprendente que gracias al esfuerzo no solo de la Contraloría, sino de muchos actores del ecosistema de control, incluida la prensa, la evolución tendencial de los riesgos de corrupción y de la inconducta funcional en el Perú esté disminuyendo. Al observar los mapas, cada vez muestran colores menos intensos. Esto es totalmente consistente con la estimación de la Contraloría. En los últimos cinco años, gracias a toda la reforma del control, pero no solo a esto, sino también a la operación del ecosistema, hemos logrado reducir las pérdidas por corrupción e inconducta funcional. Antes, en 2019, se perdían 15 soles de cada 100 soles que el Estado gastaba. Ahora, en 2023, se pierden 12.5 soles, lo cual sigue siendo mucho pero considerablemente menos. Esto significa una reducción de más de 4.500 millones de soles en corrupción e inconducta funcional, liberando recursos para otras acciones estatales. Sin embargo, todavía es un 12.5%.
–¿Qué es lo que falta?
La tendencia es la correcta. El problema radica en la velocidad del cambio, asociada no principalmente a la reforma del control gubernamental, ya que dicha reforma ya se ha implementado. Hasta que no se realicen otras reformas necesarias para el Estado peruano, los esfuerzos del Sistema Nacional de Control tienen un límite. En primer lugar, en el Perú hay demasiada impunidad en términos de sanciones efectivas. Los procesos judiciales y las investigaciones fiscales son extremadamente lentos. El año pasado se imputó a 9300 funcionarios públicos, y ninguno fue sancionado después de seis meses. Por lo tanto, una reforma fundamental es la del sistema de justicia. Otro aspecto relevante es un servicio civil meritocrático y de carrera.
–Y sobre SERVIR, ¿se ha minimizado su importancia?
Exactamente. De hecho, la gran apuesta fue la implementación de SERVIR. Debido a diversas razones, no ha funcionado según las expectativas iniciales. Ahora hay una corriente de pensamiento que aboga por su eliminación. En lugar de desaparecer, lo ideal sería mejorarlo, potenciarlo. Otra acción necesaria es abordar el problema de la corrupción mediante una reforma política que se centre no solo en temas como la bicameralidad, sino también en la transparencia del financiamiento de las campañas electorales, ya que es ahí donde la corrupción proveniente de actividades ilegales penetra en el poder. Otra reforma crucial es la desregulación. Existen muchas normativas innecesarias que fomentan las oportunidades de corrupción por parte de los funcionarios que tienen poder de decisión. Por tanto, es fundamental simplificar y cuestionar por qué el Estado debe intervenir en ciertos aspectos, quizás sería más eficiente que lo haga el sector privado.
–Con mayor uso de tecnología.
Sin duda. Por ejemplo, en la Contraloría estamos implementando tecnología de manera significativa. Aunque se ha destacado el crecimiento de la Contraloría en términos de personal, es importante tener en cuenta que antes la mayoría de los auditores, alrededor de 8500 a nivel nacional, no pertenecían a la Contraloría. De los 8500, solo 2500 estaban empleados por la Contraloría, mientras que los otros 6000 eran pagados por las mismas entidades que debían ser fiscalizadas, lo cual resultaba inadecuado. Cuando asumimos en 2017, aproximadamente un tercio de las provincias no contaban con una oficina de control, situación que hemos cambiado. Ahora todas esas oficinas de control dependen de la Contraloría, evitando conflictos de interés. Actualmente, la Contraloría cuenta con casi 7500 auditores, todos capacitados y parte de la plantilla de la institución. Esto significa que los recursos para pagar a este personal provienen del control concurrente, el cual financia los salarios de los auditores desplegados a nivel nacional. Por lo tanto, el proyecto de ley aprobado recientemente en la Comisión de Presupuesto es altamente perjudicial.
–¿Además de la reducción de presupuesto para el control concurrente, cómo afectaría el trabajo de la Contraloría?
Considero que esta es la mayor reforma estructural en décadas en el Estado. Pero la pregunta es, ¿cómo se logra sin fondos suficientes, dado que el Tesoro público no ha proporcionado los recursos necesarios? Esto se ha logrado a través de un mecanismo interno de financiamiento, el modelo de control concurrente. Cada control implica un cobro a la entidad fiscalizada, equivalente al 2% del presupuesto de la obra. Con esos ingresos financiamos toda la planilla. Ahora se pretende reducir esta contribución al 0.5%, lo que implica la posible reducción de unos 5000 auditores de un total de 7500. Aunque la operación de la Contraloría se sustenta en el 1% obtenido del control concurrente, esta reducción plantea desafíos. Además, el proyecto de ley pretende eliminar la discrecionalidad en el marco de las leyes de presupuesto, limitando la capacidad de financiar trabajos posteriores al control concurrente. Es crucial entender por qué en un proyecto de ley que busca aumentar el gasto se incluye una reducción en el control. En mis siete años como contralor, nunca había visto un proyecto de crédito suplementario que se apruebe de forma tan repentina y sin discusión técnica. Los congresistas probablemente ni siquiera estaban al tanto de la existencia de la novena disposición complementaria.
–¿Hay una intencionalidad por parte del Ejecutivo?
Por supuesto. Por eso estoy enviando una carta al Presidente del Congreso. Es fundamental que se reflexione ampliamente sobre este tema durante la discusión en la Comisión Permanente. Estoy solicitando personalmente asistir a dicha comisión para debatirlo a fondo. Esta disposición no me afectará a mí, sino al nuevo contralor el próximo año, ya que el presupuesto de la Contraloría para este año ya está garantizado. El problema surgirá en enero. No se trata de tomar decisiones tan trascendentales sin debate técnico, de manera precipitada.
–El informe sobre los “Rólex” de la presidenta está por salir. ¿Podría haber una intención de intimidar a la Contraloría?
Siempre es incómodo para el poder tener un control tan riguroso. Sin embargo, seguiremos realizando nuestro trabajo. Permaneceré como contralor hasta que el Congreso designe a mi sucesor. ¿Por qué ocultar estas medidas de esta manera? ¿Por qué votarlas en paquete? Aprueben el crédito suplementario, sobre el cual no tengo competencia para discutir, pero eliminen la novena disposición.
