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Antauro Humala profesa un discurso antidemocrático y totalitario, donde las promesas de fusilamientos y estatizaciones aparecen en todas sus intervenciones. Pero bien que se sirve del sistema que dice denostar.
De enero de 2009 hasta abril de 2024, el Estado peruano ha desembolsado S/ 540,099 para pagar la pensión del mayor retirado del Ejército. Representa casi la mitad de la reparación civil de S/ 1,120,000 que debe pagar por el “Andahuaylazo”, un intento de golpe de Estado contra el gobierno del entonces presidente, Alejandro Toledo, en el que cuatro policías fueron asesinados.
Pero Humala se ha negado repetidas veces a reparar económicamente a los 21 policías y militares secuestrados el 1 de enero de 2005 y a los deudos de los fallecidos durante el levantamiento. En una entrevista concedida a Infobae, Humala aseguró que no pagaría la reparación civil porque según él, no fue quien disparó las armas que causaron la muerte a los efectivos. Su sentencia fue confirmada por el Tribunal Constitucional en 2016, que eliminó su pretensión de eliminar su coautoría de homicidio simple. También fue encontrado culpable por secuestro agravado.
En un diálogo anterior con CARETAS, su abogada, Carmen Huidobro, había señalado que el aspirante a candidato presidencial había pagado la deuda que tenía con el Estado con el dinero de su pensión militar. Al parecer, se refirió solo a los S/ 100,000 que desembolsó a favor de la nación. Quedan pendientes los S/ 63,000 para los secuestrados y los S/ 280,000 que debe transferir a cada uno de los herederos legales de los policías muertos.
El pago de la reparación civil es un requisito obligatorio que cualquier aspirante a candidato presidencial debe resolver si quiere ser una opción en las elecciones generales de 2026, aunque su abogada piense lo contrario y sostenga que no dejarlo postular por tener una deuda con el Estado sería discriminación.
La concesión de una pensión militar para Antauro Humala fue controvertida desde el inicio. En 2014, ante la Comisión de Justicia del Congreso, el entonces ministro de Defensa, Pedro Cateriano, sostuvo que la ley vigente disponía que solo quienes tenían al menos 20 años de servicios podían acceder a este beneficio. Sin embargo, cuando el hermano menor del expresidente, Ollanta Humala, fue pasado al retiro por renovación el 23 de diciembre de 1997, solo tenía 13 años sirviendo.
Pero en 2006 se promulgó la Ley 28805, que autorizó, previa evaluación de una comisión especial, la reincorporación de los militares que fueron pasados al retiro durante los 10 años del régimen de Alberto Fujimori.
El 9 de agosto de ese mismo año pidió ser reintegrado y ascendido en el Ejército. Si bien se lo negaron, se le concedió una pensión equivalente a la de un teniente coronel por su participación en la guerra del Cenepa.
Esta pensión se le ha depositado mensualmente y sin falta aún cuando estuvo preso, debido a que la Ley de Pensiones Militar – Policial no cesa esta subvención, salvo que se salga del país sin la autorización correspondiente, que no se acredite supervivencia cada seis meses, o se regrese a la actividad en las Fuerzas Armadas.
“No se le puede cesar la pensión por ningún motivo y también es inembargable. Por más que las víctimas quieran, a través de una medida cautelar, solicitar un embargo preventivo para garantizar el pago de la reparación civil, no se puede”, explica a CARETAS el abogado experto en temas militares Carlos Egoavil Abanto.
La pensión se le incrementó dos veces. Mientras que en 2009 recibía en promedio una mensualidad de S/ 1,541.1, a partir de febrero de 2018 se le aumentó la pensión al monto actual de S/ 4,279.
En su día, la figura del partido “A.N.T.A.U.R.O” fue cuestionada por el cobro de S/ 72,000 por devengados del pago de combustible que no le correspondían y que obtuvo gracias a una conciliación con el Ejército. El escándalo le costó el puesto al entonces comandante general EP, Ricardo Moncada Novoa y motivó a que el entonces procurador del Ministerio de Defensa, Gustavo Adrianzén, presentara un pedido de nulidad de la conciliación, pero el recurso fue rechazado por el Cuarto Juzgado Civil de Lima en junio de 2014. (Bryan Cóndor)
