PJ solicita al TC que rechace la demanda competencial presentada por el Congreso por la suspensión de la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez

PJ pide al TC que rechace demanda competencial que promueve el Congreso por suspensión de la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez

El Poder Judicial (PJ), a través de su procuraduría pública, ha solicitado al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales Saravia, que declare como improcedente la demanda competencial presentada en su contra por el Congreso de la República, debido a la medida cautelar que ordenó la reincorporación de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En marzo, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima falló a favor de los magistrados, suspendiendo la inhabilitación política de 10 años impuesta por el Congreso. Ante esto, el Legislativo consideró que el PJ estaba interferiendo en sus funciones y presentó una demanda competencial ante el máximo órgano interpretativo de la Constitución.

Sin embargo, a finales de abril, el TC suspendió la medida cautelar otorgada a Inés Tello y Aldo Vásquez, hasta que la Corte Suprema resolviera su situación. Como resultado, los jueces fueron nuevamente separados de la JNJ.

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Mediante esta demanda, el Parlamento busca que el TC establezca que el PJ no tiene competencia para intervenir en las decisiones que tomen, ejerciendo sus facultades “exclusivas y excluyentes”, además de pretender que la justicia no pueda controlar los acuerdos y resoluciones aprobadas.

También se busca que ningún juez del PJ, independientemente de su especialización o rango, pueda emitir una resolución relacionada con las decisiones que el Congreso tome en los procedimientos de juicio político a altos funcionarios del Estado.

No obstante, el escrito presentado por la Procuraduría del PJ señala que la sala constitucional tiene competencia para otorgar demandas de amparo contra actos parlamentarios, haciendo énfasis en que la jurisprudencia del TC establece que los procedimientos de juicio político pueden ser controlados judicialmente en cuanto al debido proceso.

Cabe destacar que Aldo Vásquez, uno de los magistrados previamente inhabilitado por el Congreso, ha solicitado ser acreditado como abogado para intervenir como tercero en esta controversia entre el PJ y el Parlamento Nacional.

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