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El Poder Judicial de Chile ha decidido, en primera instancia, extender la extradición del ex presidente Alberto Fujimori por los casos de esterilizaciones forzadas, Castro Castro, operativo en la Embajada de Japón, familia Ventocilla y el secuestro de Arturo Moreno y otros.
La resolución judicial, a cargo de Andrea Muñoz Sánchez, también indica que se rechazaron las solicitudes de extradición por tres casos: suministro ilegal de armas, compra de periódicos y revelación de secretos de Estado.
El caso de esterilizaciones forzadas se considera un crimen de lesa humanidad, por lo tanto, no está sujeto a prescripción en Perú. Sin embargo, el Congreso está intentando archivar este y otros casos a través del proyecto de ley No. 6951.
Más de 270 mil mujeres fueron esterilizadas a través de la ligadura de trompas, un procedimiento quirúrgico irreversible. Las cifras oficiales indican que más de siete mil de estas mujeres, en su mayoría campesinas, indígenas y pobres, fueron esterilizadas en contra de su voluntad, siendo manipuladas, engañadas, chantajeadas o llevadas a la fuerza, operadas en condiciones muy precarias e inhumanas, abandonadas a su suerte y posteriormente olvidadas por el Estado.
Este proceso traumático dejó secuelas físicas y psicológicas que persisten hasta veinte años después. Para sus esposos y su comunidad, son “mujeres enfermas”, siendo estigmatizadas y marginadas por haber perdido su capacidad reproductiva. Son invisibles. Y quizás sea esa invisibilidad la razón por la que el Estado peruano, responsable de estos actos, no ha sido capaz de implementar un programa de reparaciones que garantice los derechos de las afectadas.
