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Entrevista: Enrique Chávez
En medio de noticias desalentadoras, Proinversión se ubica como un oasis de optimismo. Es un logro significativo batir el récord de adjudicaciones en proyectos de Alianzas Público Privadas (APP) por más de US$8 mil millones al finalizar el año. Veníamos de US$2300 millones en 2023 -la mejor cifra en cinco años tras el colapso del gobierno de Pedro Castillo-. Para el director ejecutivo, José Salardi, las APP (que ya representan una tercera parte de la inversión, con el resto en la obra pública más complicada) representan la fórmula del éxito en conjunto con otro formato al alza, las Obras por Impuestos.
¿Cómo llegó a asumir ProInversión?
Llegué en diciembre de 2022. He tenido varios roles en el sector público desde 2008. También estuve involucrado en periodismo. Fui uno de los fundadores del diario económico Síntesis. Comencé en Sunat en asuntos regulatorios y luego pasé al Ministerio de Vivienda. Milton Von Hesse me nombró como director de APP. Estuve allí un poco más de tres años. Luego pasé al MTC para encargarme de la dirección de concesiones. En PRODUCE fui viceministro y luego ministro de Producción. Después, el ministro Kurt Burneo me propuso apoyarlo aquí en ProInversión. Estaba encantado porque era un ámbito que conocía bien y tenía claro.
¿Por qué disminuyeron tanto las adjudicaciones?
Fue un proceso de desaceleración significativo durante varios años. Hubo múltiples factores. El caso Lava Jato golpeó duramente el mecanismo, las alertas no se encendieron. Esta mancha negra se expandió en las APP, que es el mecanismo que mejor funciona y el que ha desarrollado las mejores infraestructuras. Luego llegó la pandemia. Además, la incertidumbre durante el gobierno de Pedro Castillo. Desde 2014, el Estado comenzó a sobreregularse. Hay más procesos, retrocesos, más actores, más idas y vueltas que en otros países, lo que nos hizo perder velocidad.
¿Cuánto tiempo estuvo en el gobierno de Castillo?
Solo una semana. Llegué el 1 de diciembre y cayó el 7. El ministro Álex Contreras me brindó la confianza para continuar.
¿Qué destacarías sobre el contraste entre 2022 y 2023?
Contamos con un equipo con gran experiencia, que va conociendo las piezas y acelerando de forma adecuada. La idea es formalizar buenos contratos de la mejor manera posible. Al asumir el portafolio, tomamos decisiones y avanzamos. En la reconfiguración de ministros, se incorporaron varios afines a la gestión pública. Tuvimos conversaciones individuales con ellos, planteamos el portafolio y así se generó confianza y logramos progresar. Segundo, y lo más importante, con los inversionistas. Les comunicamos que seguimos en esta línea porque antes el proceso era lento, podían pasar años sin adjudicaciones. Nos comprometimos seriamente con las fechas y esto mejoró el primer semestre de 2023. En enero, un mes complicado con el cambio de gobierno y protestas, logramos la primera adjudicación a fin de mes con cuatro grupos interesados en la línea de transmisión en Ica. Fue una señal de confianza en Perú a largo plazo, ya que estos proyectos son a largo plazo, alrededor de 30 años. A partir de ahí, logramos avanzar con proyectos que estaban pendientes desde hacía mucho tiempo. Por ejemplo, el Ferrocarril Huancayo Huancavelica, que adjudicamos recientemente después de 18 años de espera. Al llegar, el proyecto no estaba y el gobierno anterior lo había enviado a obra pública. Lo reestructuramos, se logró en 18 meses y aquí está. La experiencia del equipo fue clave para buscar, tomar decisiones, avanzar en proyectos, ser transparentes en los procesos, movilizar al mercado, interactuar con los interesados potenciales, estar en contacto permanente, ya que se trata de una APP, una sociedad entre el sector público y privado. Siempre enfocamos y trabajamos en eso. Intentamos ser estrictos y rigurosos para asegurar que los proyectos beneficien al país.
Si tuviera que resumir, ¿cuáles han sido las prioridades?
Siempre digo que todos los proyectos son prioritarios, desde el más grande al más pequeño, ya que todos impactan en el desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población de alguna manera. Cada proyecto tiene su nivel de complejidad. El anillo vial es el proyecto más grande que hemos lanzado, tiene un valor de US$3,500 millones. Este año se completará un total de US$8 mil millones, pero ya los equipos están trabajando para los años 2025 y 2026, donde se estiman alrededor de US$7 mil millones en promedio en cada uno de esos años. Antes de la pandemia, estábamos en una trayectoria importante con US$3 mil a US$4 mil millones anuales.
Además del Anillo Vial, ¿qué otros proyectos destacan este año?
Hemos lanzado una importante expansión para los Fosfatos de Bayovar relacionada con la producción de fertilizantes, con una proyección de mil millones de dólares. También hemos lanzado dos proyectos eléctricos, uno por 400 millones y otro por poco más de 200. En el sector ferroviario, tenemos un proyecto de poco más de 500 millones. Para fin de año, hay dos paquetes eléctricos adicionales, cada uno por poco más de 6 millones, que completarán el encargo. Generalmente, el MINEM encarga el plan de transmisión y cada dos años publica uno nuevo. También se habían acumulados proyectos por diversas razones y nosotros hemos limpiado esa cartera.
UNIVERSO CHANCAY
¿Qué proyectos se esperan para el 2024?
El próximo año habrá un gran paquete de siete carreteras por casi US$2500 millones. Además, contamos con un importante paquete de saneamiento, con cerca de siete proyectos que se adjudicarán el próximo año, centrados en tratamiento de aguas residuales en ciudades importantes como Trujillo, Tarapoto, Cusco y Cajamarca. En el ámbito de viviendas, contamos con cerca de mil millones de dólares. Asimismo, está prevista la adjudicación del teleférico de Choquequirao que lleva tiempo esperando. Esperamos también que el Parque Industrial de Ancón se adjudique en el primer trimestre del próximo año.
Hablando de eso, ¿qué incluirá el universo de Chancay?
Como agencia, de momento solo contamos con el parque industrial en la zona. Estamos un poco retrasados, ya que el puerto está en desarrollo y aún falta la conectividad y las desviaciones. Estos dos aspectos se están trabajando por separado por los ministerios. Veremos si todavía hay margen para generar algunas obras por impuestos que podrían tener un impacto más rápido, pero todo depende de los estudios realizados por los ministerios. Normalmente, recibimos los encargos de los sectores para poder formular proyectos. Con la expectativa de lo que podría ser la Ley de Zonas Económicas Especiales, se está formulando el tren Lima Barranca en Lima. Finalmente, el MTC decidirá si se lleva a cabo como una APP.
¿Cuál es el criterio de los ministerios para determinar si optan por una APP o por obra pública?
Desde el punto de vista técnico, se deben establecer criterios para tomar decisiones. En mi opinión, si se analiza la experiencia de la obra pública tradicional, no hay mucho que cuestionar. Estoy convencido de que el mecanismo de las APP es más potente, brinda sostenibilidad y a largo plazo resulta más económico para el país.
¿En qué momento el Estado cofinancia una concesión?
En zonas de la sierra, el flujo no es constante, pero se necesitan carreteras que puedan contar con peajes. Aun así, estos peajes no compensarán completamente los costos. En este caso, el Estado necesariamente debe cofinanciar. Por lo general, los puertos en la costa se autogestionan gracias al flujo de carga y volumen de negocio. Vemos cómo se están ampliando los puertos, como en el Callao y otros como Marcona. En Chimbote, tenemos un proyecto pendiente que se adjudicará el próximo año. Son proyectos autofinanciados. En el caso de una línea de metro, dada la magnitud del proyecto, suele ser en cierta medida subsidiado. Lo mismo ocurre en el área de saneamiento en Lima, donde se cuenta con 2 millones de usuarios que respaldan financieramente y, con un aumento en las tarifas, se puede afrontar una inversión como ocurrió en La Chira o Taboada. Sin embargo, al salir de Lima, el Ministerio de Vivienda financia la inversión de una planta, ya que las tarifas son más bajas. A pesar de eso, la inversión tiene un impacto significativo, multiplicando la tarifa varias veces.
AGUA Y SANEAMIENTO
¿Qué se puede hacer con las APP para cerrar la brecha tan urgente en agua y saneamiento?
Mediante las APP, es posible reducir la brecha en tratamiento de aguas residuales y agua potable en áreas urbanas. Esto es fundamental. Contamos con más de 20 proyectos en curso y se espera que entre 2025 y 2026 se adjudiquen estos proyectos. Todos estos proyectos se enfocan en ciudades principales. Por ejemplo, en Cusco tenemos una planta muy interesante que se construyó hace diez años. Debido a la falta de planificación, en tres o cuatro años la planta se quedó pequeña y provocó olores desagradables. La idea es ampliar la planta, ya que existe tecnología que permite ajustes para evitar estos problemas de olores y mejorar la convivencia con la población. En otras ciudades no enfrentan este problema porque las descargas se hacen hacia arriba, permitiendo la construcción de plantas sin inconvenientes. Estamos trabajando en ello para cerrar completamente la brecha al 100%. Además, en ciudades como Ilo, Lambayeque y Tacna se está considerando la posibilidad de implementar plantas desalinizadoras, una tecnología utilizada en otros países. Se ha desarrollado un nuevo sistema de plantas potabilizadoras, como en Cajamarca. También tenemos un proyecto interesante en zonas rurales que estamos llevando a cabo junto con el Ministerio de Vivienda. Una APP puede tener una duración de 15 a 20 años, brindar un flujo continuo y escalable en entornos rurales. Será un piloto interesante para el ámbito rural, demostrando que, con cofinanciamiento, las APP pueden funcionar. Avanzamos con las EPS, donde casi la mitad del sector está bajo la intervención del OTASS, un órgano técnico del Ministerio. Falta gestión. También existen opciones como contratos de gestión o para lograr una gestión más eficiente de la empresa. Hay muchas empresas globales que manejan esto de manera excelente en todo el mundo, como en Chile o Colombia. Aún tenemos pendiente esta tarea. Los ejemplos que tenemos, especialmente en Lima, permitieron un gran avance en el tratamiento de aguas residuales con la construcción de dos mega plantas después del 2010. Por décadas, lugares como San Bartolo, Pucusana, Santa María y Punta Negra no tenían agua. La planta desalinizadora cerró esa brecha de un solo golpe y además proporciona un tratamiento de aguas residuales de nivel terciario óptimo para reutilización. Todos estos esquemas están validados. Cada proyecto tiene su complejidad y debe avanzar región por región, provincia por provincia, para lograr resultados.
Existen críticas a los acuerdos de Gobierno a Gobierno, especialmente por sus costos. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
En el caso de Chinchero en su momento, desde el MTC no estábamos al ritmo esperado. Recordemos que en el gobierno de PPK, el caso de Chinchero no avanzó. Se decidió recurrir al G2G, considerado como un recurso de último recurso en caso de emergencia, pero se ha ido convirtiendo en un método bastante habitual. Las APP tienen una ventaja porque el pago se realiza en 15 años, no en dos o tres años de ejecución de la obra. Esto es importante debido a la limitada capacidad fiscal para lanzar múltiples proyectos simultáneamente. Por ejemplo, con el expediente, el costo de la carretera central se acercará a los S/.30 mil millones. Eso equivale al presupuesto del MTC para tres años. No se puede ejecutar otro proyecto más. La gestión funciona de manera diferente a la que manejamos nosotros. Si quisieras construir la línea tres del Metro al lado de la carretera central, sería imposible.
OBRAS POR IMPUESTOS
Las Obras por Impuestos generaron muchas expectativas cuando se cambió el reglamento en febrero para incentivarlas, pero recientemente el MEF retrocedió. Ante las críticas, indicaron que revisarán la normativa nuevamente. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Es un mecanismo con un gran potencial, estoy completamente convencido de ello. Considero que es el mejor sustituto de la obra pública tradicional. Este año, el mecanismo alcanzará un récord histórico. Hasta ahora, el máximo aproximado de un año fue cerca de S/1,100 millones y estamos acercándonos a cerca de S/3000 millones a finales de este año. Se adjudicó el Hospital Ramón Guardia en Huaraz por S/2 mil millones, que es la mayor adjudicación hasta la fecha. Esto demuestra que existe confianza en la realización de obras de esa escala. La tasa de éxito es bastante alta, casi el 100% de los proyectos no presentan problemas y se logra concluir la infraestructura esperada. Este no es el caso de la obra pública. Considero que debemos seguir apostando cada vez más por este mecanismo. Los números no fueron tan altos el año pasado debido a la entrada de nuevos gobiernos regionales y municipales. Sin embargo, este año hemos invertido mucho en capacitaciones para impulsar el mecanismo y está funcionando. En los próximos años, podríamos alcanzar entre S/3 mil millones y S/4 mil millones fácilmente. Se puede diversificar bien. La normativa se ha flexibilizado cada vez más. El sector privado también debe involucrarse más para afrontar conjuntamente con el Estado este desafío. Lo interesante es que casi el 80% de las casi 600 obras de Obras por Impuestos están en las regiones. Tienen un gran impacto. El contribuyente es el primer interesado en que la obra se realice de manera adecuada. Ya estamos viendo la construcción de obras importantes, como los hospitales que se están inaugurando y que son de primera calidad. También debemos considerar cómo combinar la operación con el mantenimiento para garantizar la sostenibilidad.
¿Qué más se puede hacer en el ámbito de la salud pública?
En Lima, existen dos hospitales emblemáticos construidos mediante APP, el Barton y el Kaelin, completamente operados por sector privado. Los niveles de satisfacción del servicio para los usuarios de salud en estos hospitales superan ampliamente la media. La espera máxima entre la solicitud de atención y la atención real es de 15 minutos. Existe una medición de la productividad de los médicos y todo un esquema enfocado en la prevención de la salud. El modelo de contratación asegura al concesionario un pago anual por cada cliente, lo cual promueve la eficiencia. Este modelo es uno de los más exitosos que promovemos ampliamente. También existe el Hospital del Niño en