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El congresista de la bancada Renovación Popular, Alejandro Muñante, ha presentado una propuesta de ley que tiene como objetivo castigar a los operadores de justicia que liberan de forma irregular a las personas detenidas por la Policía Nacional en flagrancia, siempre que hayan cometido delitos con penas de cárcel superiores a cinco años.
De hecho, la propuesta establece que será considerada una falta muy grave si un fiscal libera a un detenido en la situación mencionada anteriormente, o si no solicita la prisión preventiva para los detenidos en flagrancia cuando existan pruebas que justifiquen esta medida. En el caso de los jueces, se considerará prevaricato si incurren en esta práctica.
La iniciativa de Muñante también busca sancionar a los funcionarios de justicia que divulguen información confidencial a la que tienen acceso debido a sus cargos.
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Muñante justifica su propuesta debido al “descrédito” que jueces y fiscales causarían a sus respectivas instituciones al liberar a delincuentes peligrosos, argumentando que no cuentan con pruebas suficientes para mantenerlos detenidos por más tiempo o que el plazo de 48 horas para las detenciones es insuficiente.
También indica que su propuesta normativa es crucial debido a la proliferación de bandas delictivas que son capturadas por la Policía y luego liberadas por jueces y fiscales, volviendo nuevamente a delinquir.
Asimismo, se apoya en una declaración del presidente del Poder Judicial, Javier Arévolo, quien afirmó que “los jueces que liberan a delincuentes deben ser inhabilitados”.
