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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado desestimar la Denuncia Constitucional 223, presentada contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra, en su calidad de ex titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
La mandataria fue acusada por presunto incumplimiento constitucional y por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.
Todo esto, supuestamente, por haber ejercido la vicepresidencia de la República y el cargo de ministra sin haber renunciado a sus funciones en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Según el informe, la denuncia cumplía con los requisitos formales pero no con los criterios de admisibilidad. Tras el análisis, se concluyó que la presidenta no había incurrido en la infracción de ninguno de los artículos de la Constitución o del Código Penal, por lo que se declaró improcedente la denuncia.
