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Entrevista: ENRIQUE CHÁVEZ
Con los dos volúmenes del Régimen Jurídico del Poder Ejecutivo (Gaceta Jurídica, 2024, en colaboración con Armando San Román), el constitucionalista y máster en Compliance Normativo Penal Juan Jiménez aborda en profundidad lo que califica como la soledad presidencial.
¿Cuáles son las grandes carencias de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE)?
Hay varios problemas con la LOPE que viene del 2017. Se dio básicamente para adecuar la arquitectura del Estado al proceso descentralizador. Los roles del Ejecutivo y los ministerios eran absolutamente distintos de como los hemos concebido. En la época de Fujimori se centraliza el Estado, se elimina el proceso descentralizador de los años 80 y se crean estos órganos transitorios que eran básicamente oficinas del Poder Ejecutivo en las regiones. Esto cambia. Desafortunadamente la descentralización que tiene más de 20 años no ha cumplido los objetivos. La Ley de Acreditación de Gobiernos Regionales requería que se acrediten las capacidades de los gobiernos regionales para asumir competencias en salud, educación, transporte, las funciones básicas que tiene el Estado. Pero en el año 2008 una directiva de la Secretaría de Descentralización cambia el modelo y transfiere más del 90% de competencias del Gobierno central a las regiones. Esto generó un caos. De un momento a otro las regiones se vieron con muchas competencias, sin las capacidades adecuadas y por supuesto, sin los controles, porque la Contraloría no se descentralizó. Una fórmula perfecta para desarrollar la corrupción en un periodo de muchísimos recursos. El presupuesto público del año 2004 era de S/.44 mil millones. Hoy es de S/.252 mil millones.
¿La ruta más deseable sería una recentralización?
Es muy difícil contestar eso. De hecho, lo que ha venido pasando es que el Estado central paulatinamente ha vuelto a centralizar algunas funciones, aunque no en la magnitud que se hubiera esperado. Por ejemplo, se han creado programas de infraestructura educativa y de salud en esos ministerios. Igual que Provías Nacional, que tiene una implicancia para que sea el gobierno central el que desarrolla la infraestructura.
¿Y ahora con el proyecto de ministerio de Infraestructura?
Habrá que ver el debate en torno a las competencias regionales para determinados niveles de infraestructura. La Autoridad Nacional de Infraestructura ya centraliza infraestructura superior a S/.200 millones. Unos dicen que se debe recentralizar. Y la expectativa de las regiones es pasar más bien a otro nivel de descentralización fiscal para directamente recaudar impuestos y determinar con esos presupuestos lo que quieran hacer sin mayores controles.
¿Están preparados para algo así?
Creo que no. Hay un hay un problema no solamente en el caso de los gobiernos subnacionales, sino también en el gobierno nacional que es el Servicio Civil, que no es profesional. Por ejemplo, durante la pandemia la política la tenía que fijar el Ministerio de Salud. Sin embargo, las regiones estuvieron bastante distantes de sus directivas. En el caso de Arequipa el Gobierno Nacional tuvo que modificar dos veces la Ley Orgánica del Ministerio de Salud para enfatizar el rol directivo del Ministerio y poder intervenir el gobierno regional. Fíjate el drama. No existe norma en la Ley Orgánica de Descentralización para establecer la posibilidad de intervenir un gobierno regional que no está funcionando. Si un municipio se ve absolutamente desbordado por la incapacidad, un gobierno provincial sí puede intervenir. Pero en el caso de las regiones el Gobierno no tiene esa facultad. Con Arequipa lo hizo a través de un decreto de urgencia, que es un asunto absolutamente impertinente, jurídicamente cuestionable.
Hemos pasado de un “presidencialismo atenuado” a otro raquítico. Fujimori cometió muchos delitos, pero sus partidarios lo recuerdan por ser un presidente fuerte, con capacidad de viajar y decidir obras. ¿Cómo recuperar la capacidad de poder presidencial?
Esta debilidad del gobierno de la presidenta Boluarte y la fortaleza del Congreso a partir del vacío de poder es inédita por lo menos en los últimos 50 años. Normalmente la política en el Perú gira en torno al presidente. Eso está desapareciendo como ha desaparecido la clase política ilustrada. Los partidos que son básicamente grupos de interés no llegan al poder para servir al país, incumpliendo el artículo 39 de la Constitución, sino básicamente para servirse ellos. Es una distorsión de la función pública, absolutamente fatal. Y aquí deberíamos tener una arquitectura mucho más robusta para darle soporte a la Presidencia. La OCDE señala que esa entidad es la Presidencia del Consejo de Ministros. Si uno mira la función del despacho presidencial, básicamente tienes una jefatura de gabinete de asesores y un secretario general. Punto. Deberían darle soporte al gobierno el Ceplan, la DINI, el Instituto Nacional de Estadística con información que permanentemente requiere el Gobierno para poder tomar decisiones. Todo eso es muy débil en el Perú y el presidente se convierte en una figura muy solitaria. Tiene el síndrome de la Cortina de Hierro. A los gobernantes no les gusta ver las noticias y se aíslan. Y el grupo gobernante trata de generar una visión paralela de lo que ocurre en la realidad. La actual presidencia ha batido los récords y tiene 23 asesores en la oficina presidencial. Eso no ocurrió nunca. En la Casa Blanca el presidente tiene autoridades en distintas materias como consejeros. Un aporte del libro es generar un rediseño de la Casa Presidencial. Lo que se llama el alto gobierno o el centro de gobierno.
Hablando del Servicio Civil, la cantidad de burocracia se ha quintuplicado en 20 años.
Servir emite todos los años un perfil del del Servicio Civil Peruano y se verifica que en los últimos tres años se ha incrementado la planilla pública de manera muy fuerte. Se está precarizando la función pública porque el Congreso congeló los CAS y ya no se les puede sacar. Ahora tienes un grupo muy importante de gente contratada por servicios no personales. Y no tienen derechos. Se detuvo la reforma del Servicio Civil que impulsamos en el 2013 cuando yo estaba como primer ministro. Peor aún, el grupo político de Vladimir Cerrón ha planteado al Congreso la derogatoria de la Ley de Servicio Civil.
El presupuesto público también se ha multiplicado.
En el año 2002 el presupuesto del Ministerio de Salud era de S/.3.7 millones. El presupuesto modificado de este año es de S/.29 mil millones de soles en salud. Una locura, y no responde a la mejoría del sector, sino todo lo contrario. El problema no es recursos. El problema es de gestión porque esto es administrado por todas las regiones. Ahora el Gobierno les ha dado además la responsabilidad de compra de medicinas, lo que es absolutamente contrario a una economía de escala. Tenemos un problema serio.
¿Es un Estado chico o grande para las necesidades del país?
El gasto del Estado en el Perú es más o menos el 22% del PBI. Eso es lo que lo que nos cuesta a todos los peruanos el Estado, el gasto público en general. Más o menos en una misma línea con México y Chile, con los países de la Alianza del Pacífico. En el primer mundo gastan más del doble.
Pero de manera mucho más más eficiente.
Sin duda. Lo que quiero decir es que si establecemos la posibilidad de ordenar la casa tenemos espacio financiero, obviamente recaudando más impuestos y haciendo las reformas que hay que hacer. Pero hay que comenzar a hacerlas. El Perú ha entrado en una dinámica de fatalidad, de no hacer las cosas y más bien de retroceder en lo poquito que se había avanzado. Pero es crecer como se debe. Ahora estamos creciendo a las patadas.
Usted fue un primer ministro de impronta reformista en el gobierno de Ollanta Humala. Pero hoy el empresariado señala a Humala por complicar al Estado, la tramitología y la inversión. ¿Qué opina?
Hubo mucha crítica injusta. A los políticos siempre nos critican, pero con lo que está pasando hoy simplemente nos fusilaban a todos. El gobierno terminó su mandato, el presidente no fue ostentoso. Al final la historia te va a juzgar porque fue el último gobierno estable del Perú. Luego vinieron seis presidentes en seis años. En el 2013, cuando fui primer ministro, las inversiones mineras alcanzaron US$10 mil millones. Fue el récord histórico en el Perú. Lo que hicimos entonces fue armar gabinetes técnicos muy competentes. Pudo haber excepciones como todo en la vida, pero generalmente eran personas que tenían algo que aportar.
Usted renunció a la embajada en Costa Rica luego que el indulto se hiciera efectivo por última vez. Tras la muerte de Fujimori, ¿cómo evalúa su gobierno?
A algunos no les gusta recordar que Fujimori dejó un país en recesión, aislado internacionalmente, sin ningún TLC, con 60% de pobreza. El presupuesto con el que arrancó era S/.34 mil millones y cuando se va era de S/.40 mil millones. Apenas creció el presupuesto público, no controló la inflación, en fin. Pero bueno, la gente estaba sobreviviendo y esos son los indicadores que dejó. Y por supuesto, con todos los problemas de corrupción que conocemos. Ahora, uno de los grandes logros que tiene el Perú es un saneamiento de las cuentas fiscales impresionante, que es el primer piso para poder desarrollar hoy día modernización del Estado e infraestructura. El Perú tiene grado de inversión. Nuestro principal competidor que es Colombia lo perdió con la elección de Petro. Tenemos que cuidar estos elementos básicos de lo que se llama la nueva gestión pública. La deuda pública se ha incrementado fuertemente a partir de la pandemia. El crecimiento de la pobreza tiene que ver también con la precariedad de cómo avanzamos en el Perú. El Perú fue un caso de éxito al reducir la pobreza de 60% a 20%, pero con una precariedad de clases medias que finalmente fueron golpeadas.
En el gobierno de Humala se creó el MIDIS. Hoy se invierte S/.1150 millones en Juntos, que es más o menos el 0.2% del PBI. En Brasil, Lula da Silva relanzó Bolsa Familia, el equivalente, con el 1.5% del PBI. El Perú es alérgico al asistencialismo, ¿pero con 70% entre pobres y vulnerables no debería incrementarse?
Los desafíos que tenemos ahí en el área social son básicamente de filtraciones y de incomprensión del sector político. En mi época en la PCM los políticos nos decían por qué se entregaba Pensión 65 si con ese dinero compraban trago. Es absolutamente inusual. Hay gente en el Perú que no cree en la política social sino más bien en el chorreo. Hay que perfeccionarla, pero no podemos abandonar a los peruanos que están en condiciones muy extremas y que requieren la ayuda del Estado. Sí, la política social podría ser mucho más expansiva.
