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El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó que la Fiscalía de la Nación ha cerrado la denuncia por genocidio presentada contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, debido a la muerte de 50 civiles durante las manifestaciones contra el gobierno que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
“Poco a poco la justicia está prevaleciendo. No hay fundamentos para acusar constitucionalmente a la presidenta y se archiva de forma definitiva el supuesto delito de genocidio. Como lo afirmamos, esta denuncia siempre fue un sinsentido”, expresó el primer ministro en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.
Adrianzén Olaya compartió la disposición 17 del Ministerio Público, con fecha del 30 de julio de este año, que determina que no hay motivos para presentar cargos constitucionales contra la jefa de Estado, su entonces primer ministro, Pedro Angulo, y los ex ministros Alberto Otárola, César Cervantes, Víctor Rojas, Jorge Chávez Cresta y Vicente Romero.
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“Se archivan de manera definitiva los registros de este caso, en lo referente al delito contra la humanidad, en la modalidad de genocidio”, señala el documento firmado por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena.
No obstante, es importante destacar que solo se cerró la denuncia en cuanto al genocidio, ya que las investigaciones por homicidio calificado, lesiones graves y leves contra la presidenta y los miembros de su Gabinete siguen en curso.
Es relevante mencionar que la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó cargos constitucionales contra Dina Boluarte por homicidio calificado y lesiones graves, pero la denuncia estuvo sin resolverse durante más de seis meses en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), hasta que fue finalmente archivada por ese mismo grupo a mediados de julio.
